La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, adelantó este mes que los cuidadores en el entorno familiar de los dependientes recibirían prestación en “algunos casos importantes”. Sánchez señaló que el apoyo económico para los cuidadores familiares ha desaparecido, pero que los servicios sociales valorarían la situación con cada familia. Para la Plataforma por la Dependencia, sin embargo, no es posible apoyar el nuevo Decreto de prestaciones en Dependencia precisamente por este punto, tal como ha señalado al comunicar que ha presentado 25 alegaciones a la nueva normativa.
En este sentido, han apuntado que lamentaban la ausencia de la propia consejera de Dependencia en la reunión celebrada entre el colectivo, que participó en un Consejo de Gobierno monográfico en este tema, pero señalando que la disposición de la Directora General de Dependencia ha sido “excelente”. En resumen, la Plataforma ha asegurado que no pueden apoyar el nuevo decreto y exigen así la eliminación de dos puntos y finalmente la “irrenunciable” eliminación del carácter excepcional de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
Para la Plataforma, dicha prestación es el “verdadero pilar básico” de la atención de los dependientes, relatando que se trata de personas que dedican todo su tiempo a estos cuidados y que mantener este carácter es mantener un “agujero negro” en el Sistema de Atención a la Dependencia. Además, han recordado también que durante el anterior Gobierno liderado por María Dolores de Cospedal más de nueve mil familias perdieron la prestación debido al carácter de “excepcionalidad”, mientras que durante este Gobierno la pérdida llega a casi mil familias, según la Plataforma.
De este modo, han pedido también que se elimine la obligatoriedad de justificar dicha excepcionalidad en los informes de los trabajadores sociales, ya que consideran que la prestación debe ser una “prestación más” para los dependientes por lo que su tramitación debe ser igual al resto de las ayudas y los servicios que reciben los dependientes. Además, la Plataforma ha pedido que se devuelvan los derechos económicos “arrebatados” con el anterior Real Decreto, ya que, según aseguran, las ayudas se han reducido en un 15%. La propuesta del colectivo es aumentar en 24 millones de euros anuales la financiación para los dependientes.
Para poder llevar a cabo estas iniciativas, la Plataforma ha asegurado que solicitarán una reunión “urgente” con el Presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, con el fin de plantear esta reposición de derechos económicos para los dependientes. “No supondría un quebranto económico para el presupuesto general de Castilla-La Mancha y sí un inmenso beneficio para la vida digna de este colectivo”, han concluido.