“Todavía no vemos el impacto social de una pobreza infantil cronificada, pero lo veremos”

La pobreza infantil cuesta más de 63.000 millones de euros al año, es decir, el 5,1% del Producto Interior Bruto (PIB) anual. Son cifras muy frías, estadísticas, que no alcanzan del todo a medir el impacto social de un problema que tiende a cronificarse y que afecta a toda la ciudadanía. Pero estos datos sirven para poner sobre la mesa la necesidad de abordar este problema de justicia social desde todos los enfoques precisamente para “remover conciencias”.

Forman parte de los resultados del estudio realizado por las profesoras Mariña Fernández y Olga Cantó, dentro del Grupo de Investigación WEIPO de la Universidad de Alcalá (UAH), junto a otros investigadores de la UNED y la Pompeu Fabra, en el marco del segundo aniversario de la Alianza País Pobreza Infantil Cero al que está adherido la Universidad de Alcalá.

Las primeras conclusiones de ‘El coste de la pobreza infantil en España’, coordinado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, con la colaboración de la Fundación la Caixa, se presentaron hace unos meses en un acto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y las dos investigadoras que han participado en la elaboración del mismo.

Para extraer estos datos, el estudio, que verá la luz próximamente en su totalidad, ha combinado diversas bases de datos de entre 1994 y 2019 para relacionar la situación de las personas adultas de entre 26 y 40 años en 2019 con la situación económica del hogar en el que vivían cuando eran adolescentes.

Situación laboral y estado de salud

Después, para cuantificar los costes directos e indirectos de la pobreza infantil, los autores han tenido en cuenta la situación laboral y el estado de salud. Para la medición del impacto de la pobreza infantil sobre la situación laboral en la edad adulta, el estudio ha englobado el empleo y los salarios de forma conjunta, para utilizar como variable principal los ingresos laborales totales.

La profesora Olga Cantó, que ha trabajado investigando la pobreza infantil desde el prisma del análisis económico desde que realizó su tesis doctoral, cuenta que este estudio se llevó a cabo cuando el Alto Comisionado abrió un concurso para investigadores que quisieran aproximarse al coste económico que supone tener altas tasas de pobreza.

“Obviamente es muy costoso en términos de eficiencia y la pobreza infantil se debe reducir y eliminar por temas más relacionados con la justicia social, pero evidentemente para mover algunas conciencias, nos pareció una propuesta muy interesante”, detalla.

Precisamente, esta investigadora montó el Grupo de Investigación WEIPO hace tres años para ofrecer una visión integral sobre las desigualdades. Se presentaron por tanto al concurso, ganaron dos equipos y la cuantía de la investigación se amplió. De esta forma el equipo global lo ha liderado ella junto Libertad González de la Universidad Pompeu Fabra.

El proyecto final ha llevado más de año y medio de trabajo por la dificultad del análisis y porque en España “no hay un gran acceso a bases de datos”. Se dirige principalmente a la Administración y a las políticas públicas.

“Hay mucha gente que está de acuerdo en esta lucha contra la pobreza infantil en términos de justicia social, pero puede haber partes de la población que consideren que no tiene coste o que a futuro no tiene un precio económico y que no importa tanto, es decir, puede darse una posición más utilitarista de las políticas públicas”, afirma Cantó.

Por eso, este estudio viene a interpelar a aquellas personas que le dan menos valor a esa igualdad de oportunidades. “Venimos a decir que hay un coste real y futuro para la sociedad española, como sucedió en los peores años de la gran recesión al tener uno de cada tres menores por debajo del umbral de la pobreza”, advierte.

Considera la investigadora que las políticas públicas tienen que atender estos altos índices de pobreza infantil y que en ese sentido “van muy atrasadas”, sobre todo si se establece una comparación con países de la Eurozona. Incluso “estamos empezando a estar peor que países del este que están reduciendo radicalmente las tasas de pobreza infantil y eso tendrá consecuencias positivas para la cohesión social para ellos”.

En general, opina que hay “un sesgo del statu quo” de la población y que existe la sensación de que si no se actúa contra este tipo de pobreza “no pasa nada, no hay ningún coste”. “Pero es mentira. Si no haces nada, los costes los vas a sufrir. Tenemos que preguntarnos si como sociedad estamos dispuestos a que las familias con menores dependientes sean las más pobres del país. No tiene sentido, porque estamos dando menos oportunidades a las generaciones futuras”.

Es un fenómeno mucho más cronificado, lo que hace también mucho más daño, una herida mucho más profunda

De hecho, uno de los resultados más importantes del estudio, que precisamente realizó la UAH, es la medición de cuánta de esa pobreza que surge en el segundo golpe de la gran recesión se convierte en pobreza crónica. Por ejemplo, en los años 90, la tasa de pobreza infantil en España era alta pero era también mucho más transitoria, duraba menos tiempo.“

“Ahora, los periodos de tiempo que pasan esos menores por debajo del umbral de la pobreza no son de un año. Es un fenómeno mucho más cronificado, lo que hace también mucho más daño, una herida mucho más profunda y una menor capacidad de recuperarse a esas familias. Su impacto social todavía no lo vemos, pero lo veremos”, concluye.

El Grupo de Investigación de Olga Cantó trabaja actualmente es estudiar la “movilidad social” mediante la explotación de fuentes “que sean menos procedentes encuestas y nos aporten más datos de registros”. Dispone de una muestra de tres millones de personas mediante la cual ya ofrece algunas conclusiones significativas como que los niveles de desigualdad son más altos. “Esto nos da una fiabilidad en cuanto a renta y riqueza, y va a ser la que va a marcar las diferencias para la próxima generación”.

 El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil se ha comprometido a reducir la pobreza infantil de aquí al año 2030 gracias a las tareas que lleva a cabo la alianza, de la que forma parte la UAH, como dar visibilidad a la lucha, impulsar la innovación en este ámbito y movilizar nuevos recursos para ello.

La pobreza infantil cuesta más de 63.000 millones de euros al año, es decir, el 5,1% del Producto Interior Bruto (PIB) anual. Son cifras muy frías, estadísticas, que no alcanzan del todo a medir el impacto social de un problema que tiende a cronificarse y que afecta a toda la ciudadanía. Pero estos datos sirven para poner sobre la mesa la necesidad de abordar este problema de justicia social desde todos los enfoques precisamente para “remover conciencias”.

Forman parte de los resultados del estudio realizado por las profesoras Mariña Fernández y Olga Cantó, dentro del Grupo de Investigación WEIPO de la Universidad de Alcalá (UAH), junto a otros investigadores de la UNED y la Pompeu Fabra, en el marco del segundo aniversario de la Alianza País Pobreza Infantil Cero al que está adherido la Universidad de Alcalá.