Con una de las consejerías que más competencias agrupan del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo se ha hecho fuerte en un Ejecutivo que tiene en la interlocución social uno de los principales objetivos. El departamento de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural tiene entre sus manos el inminente anteproyecto de la nueva Ley de Caza, la próxima remisión a las Cortes de la denominada ‘Ley Antifracking’, un futuro plan regional para la utilización de biomasa forestal, una Ley de Bienestar Animal que quiere ser pionera en el país y una futura normativa específica para regular el Cuerpo de Agentes Medioambientales. No le han faltado sin embargo las críticas. En un año de legislatura, el recorte de las primas de la agricultura ecológica, el proyecto de minería tierras raras en el Campo de Montiel y la situación de los agentes medioambientales han provocado una contestación social destacable. A ello se ha unido la gestión ambiental del incendio del vertedero de neumáticos de Seseña. Este siniestro ha provocado el retraso de algunas planificaciones previstas.
¿Qué balance realiza de la gestión de su departamento cuando se cumple un año de legislatura?
El balance es más positivo que negativo. Hemos podido hacer bastantes cosas teniendo en cuenta la situación de partida. Sobre todo hemos abierto el espacio de la Consejería a todos los interlocutores sociales, agricultores, industria agro-alimentaria, mundo rural, ecologistas... Todos han tenido abiertas las puertas de la Consejería, dentro de una fórmula de trabajo que vamos a seguir aplicando. En muchas cosas hemos coincidido y ha habido proyectos concretos. Estamos a punto llevar al Consejo de Gobierno la nueva Ley de Caza, donde hemos conseguido sentar en la misma mesa a ecologistas y federaciones de cazadores y que compartan la práctica totalidad del proyecto de ley. Hemos iniciado el trámite para la regulación de la práctica del 'fracking' y su remisión a las Cortes será probablemente a primeros del otoño. Y desde la perspectiva de la agricultura, hemos apostado por los jóvenes agricultores, con las bases de las ayudas recientemente publicadas y tras conseguir la aprobación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) en condiciones muy difíciles. Y finalmente, la apuesta por toda la política de calidad diferenciada y por su promoción. Aún así, queda mucho recorrido por hacer y tenemos que incidir en esto y poner en marcha otras normas como la Ley de Bienestar Animal o la Ley de Desarrollo Rural Territorial.
Una de las cuestiones más polémicas de este primer año de legislatura ha sido el proyecto de tierras raras en el Campo de Montiel. El PSOE destacó que tenía los días contados y la Confederación del Guadiana ya ha dicho que no hay agua para ello. ¿Está por tanto muerto el proyecto?
Hay una petición de explotación y para poder hacerlo es necesaria el agua y la Confederación lo ha denegado a la empresa solicitante. No es posible autorizar desde el punto de vista ambiental un proyecto de minería de tierras raras sin el agua. Es una evidencia que no va a haber proyecto si no hay agua. Si hubiera agua, en la evaluación se tendrían en cuenta otras cuestiones medioambientales y socio-económicas y todo entraría en un balance técnico. Cuando lo tengamos, tomaremos una decisión. Se apruebe o no, se hará con argumentos técnicos de absoluta seguridad. Estamos haciendo nuestro papel como autoridad ambiental.
Pero teniendo en cuenta que la empresa todavía tiene que presentar su informe, ¿cuándo se va a decidir?
Probablemente en otoño. No se puede cerrar antes, la Administración no debe prohibir o autorizar porque no puede legalmente hacerlo.
Pero con los datos que la Administración ya tiene…
Con los datos que ya tiene no se puede aprobar, porque no hay concesión de agua. A fecha de hoy el proyecto no se puede aprobar porque no hay agua. Eso es lo que puedo decir. La confederación ya ha respondido a la empresa que no tiene dotación de agua, pero en todo caso, nosotros, para cerrar nuestra evaluación ambiental, tenemos que tener la propuesta de la empresa. Ahora bien, si tuviéramos que tomar la decisión en este momento, la respuesta sería que no habría explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.
Cambiando de tema, y en cuestión de agricultura, Cooperativas Agro-Alimentarias de la región han denunciado que en la orden de jóvenes agricultores no hay un apoyo a la integración comercial de las cooperativas, ¿cómo lo valora?
No lo hay expresamente en esta convocatoria, es cierto. El compromiso de que lo haya es de la Consejería, y vamos a apoyar esas integraciones en todas las convocatorias en que se pueda. Es necesario modificar el Plan de Desarrollo Rural (PDR) para hacerlo y por eso no se ha incluido en este caso. No significa que no lo apoyemos, de hecho está ahora mismo en los servicios jurídicos el decreto que define las entidades asociativas prioritarias en Castilla-La Mancha, que son aquellas con un volumen de facturación mínimo para cada sector que van a ser destinatarias de la mayor parte de las inversiones en la industria agro-alimentaria en los próximos años. Además, todos los agricultores que formen parte de empresas que hayan dado el paso de la integración comercial se van a beneficiar de priorización en todas las ayudas que saquemos. Pero tenemos que cambiar el PDR y hay muchos jóvenes agricultores esperando a que salga esta convocatoria.
Hablando de jóvenes y de estas ayudas, en los últimos datos del paro juvenil sigue sin notarse una bajada en el sector agrícola. ¿Siguen siendo optimistas en el cambio de esta tendencia?
Es necesario el relevo generacional en la agricultura y tenemos que impulsarlo y apoyarlo. La orden va en esa dirección, es una buena línea de trabajo y va a ayudar en ese sentido. Además, vamos a poner más fondos en la modificación del PDR y si es necesario poner más, los pondremos en los próximos años. Esto hay que desdramatizarlo. Se puede cambiar año a año el cuadro financiero y lo cambiaremos las veces que haga falta para no perder un céntimo y que se utilice para los fines adecuados, como es el caso de los jóvenes. Además, estamos en muy buen momento para que se incorporen jóvenes agricultores y habrá un impacto positivo, y además lo harán pensando en generar empleo.
En cuanto al recorte de las primas para agricultura ecológica, una crítica muy asentada fue el “menosprecio” que usted manifestó en las Cortes, según la Plataforma, por 6.000 familias. ¿Le parecen pocas?
Siempre que hablo de personas hablo con mucho cariño. Estamos hablando de 5.500 agricultores de ecológico. La agricultura ecológica tiene una finalidad ambiental, pero entiendo que pueda tener un componente social para las familias. Es un componente de la renta y si desaparece, las familias se ven afectadas. Solo decía en esa comparecencia que había 5.500 sobre 140.000 perceptores de la PAC y lo que hacía era poner la situación en contexto. Hay que comparar, y no podemos hablar de catástrofe en esto porque es falso. Entendiendo la situación de las familias que han visto reducidas las primas. Lo que decía y lo que digo es que en marzo de 2015 se sacó una convocatoria dotada insuficientemente a sabiendas de que no había fondos para hacer frente a la solicitud.
Y ¿por qué desde la Plataforma quieren entonces que se apliquen esas ayudas?
Lo podríamos haber hecho, y lo hemos hecho disminuyendo las primas, porque esa orden se aprobó antes que el PDR. Si hubiéramos dejado las mismas primas hubiéramos tenido que decir que no a 4.500 beneficiarios. Y ante la tesitura de dejar fuera a 4.500 haciendo que 1.000 cobraran las que había, o disminuir las primas para que cobraran mas personas, tomamos la decisión de que hubiera más agricultores beneficiados a costa de disminuir las ayudas a todos. Además, hemos creado un grupo de trabajo para poner en marcha un plan estratégico de la agricultora ecológica, que desapareció en 2011. Y en cuanto se pueda, subiremos las primas en herbáceos y en olivar y también sacaremos una nueva convocatoria para que todos los que se han quedado fuera, puedan entrar. Nuestra apuesta por la ecológica es absoluta.
Leyes de Caza, Bienestar Animal y Antifracking
Hay varias normativas pendientes en materia de medio ambiente. En primer lugar, la modificación de la Ley de Caza irá en breve al Consejo de gobierno como anteproyecto. ¿Ha habido consenso absoluto?
Hemos ido sin pausa pero con tranquilidad. Las organizaciones ecologistas discrepan de algunos puntos, las de cazadores también, pero destacaría la apuesta por los cotos sociales, que desaparecieron en la versión anterior de la ley y que son esenciales para mantener la actividad cinegética sostenible en Castilla-La Mancha. Si no, únicamente estaríamos apostando por un modelo de caza que consiste en traer aviones de Europa a aeropuertos privados para cazar en cotos intensivos. Mantenemos los cotos intensivos pero apostando por la caza social. El 95% del contenido de la ley está absolutamente consensuado.
¿En el 5% no consensuado está la polémica cuestión sobre permitir disparar a gatos y perros en los cotos?
Estamos hablando de perros y gatos que se asilvestran. Estamos deslindando hasta dónde va a llegar la Ley de Caza y hasta dónde va a llegar la Ley de Bienestar Animal, pero evidentemente se va a regular. Es prácticamente el único punto que queda para poder cerrar la ley. Dependiendo de la definición que le diera entraría en una ley u otra, porque la de Bienestar Animal está enfocada a los domésticos y hay dos teorías: si esos animales se deben o no matar. Lo que está claro es que hay que buscar una solución. No deben estar en el coto, y para ello, o bien el sacrificio o bien la captura y posterior tratamiento según la Ley de Bienestar Animal. Estamos en ello pero es una discusión más sobre delimitación del ámbito que como discrepancia.
Y, ¿en qué punto se encuentra por su lado la Ley de Bienestar Animal?
Hemos trabajado con más de una docena de colectivos y organizaciones y con mucho detalle. Más o menos la propuesta sigue siendo la misma. Se ha añadido un periodo transitorio para la utilización de animales salvajes en los circos, que también existe en otras leyes. Tiene detractores, pero es un compromiso del Gobierno y vamos a intentar en los próximos meses tener el anteproyecto cerrado, para que pueda ir al Consejo de Gobierno el próximo otoño.
La normativa contra el 'fracking' también está pendiente de tramitación...
Es una de las cuestiones que se han visto afectadas por el incendio de Seseña, y lleva algo de retraso, pero seguramente iniciará su paso a las Cortes en el próximo periodo de sesiones. Lo importante es que esta Ley impedirá que se realicen proyectos de fractura hidráulica en Castilla-La Mancha debido a los requisitos impuestos y también contamos con que el Gobierno central termine prohibiendo el 'fracking' en todo el país. Solo hay un partido que esté a favor de estas prácticas (en referencia al PP) y no va a sacar mayoría absoluta.