La moda de decir lo que todos quieren oír para no tener que escucharles más

Son ya cuatro los gobiernos autonómicos del estado español que disponen de una ley de muerte digna o de garantías en el proceso final de la vida. Estas son, por orden cronológico, Andalucía, Aragón, Navarra, y recientemente Canarias.

Pero también hay otras cuantas debatiendo las suyas. Son Galicia, Euskadi y Baleares. Como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras.

El caso es que, por un lado, estas legislaciones suponen un avance para que todos los españoles puedan morir en paz. Pero por otro, sólo los españoles que vivan en dichas comunidades autónomas pueden beneficiarse.

Por un lado se declaran como leyes de muerte digna que defienden derechos y garantías. Pero, por otro, dejan a un lado de ese derecho a una muerte digna y en paz a las personas más vulnerables y que más pueden sufrir; aquellas personas con enfermedades crónicas, incurables, que se llegan a hacer del todo insoportables para algunas personas que las sufren, pero que no entran dentro del criterio de terminalidad.

Por un lado, son novedosas en cuanto a que se refieren específicamente al proceso final de la vida. Pero por otro no ofrecen mayores derechos ni obligaciones que los que establecen las leyes sanitarias del país (Ley General de Sanidad y Leyes de Autonomía del Paciente).

Y por último, pero no menos importante, por un lado abren el debate sobre cómo se muere pero también sobre cómo se vive en España. Pero por otro lado lo cierran rápida, deliberada, y falsamente con legislaciones que se quedan del todo cortas y que penden de un hilo quedando a expensas de su sincronización con las legislaciones estatales.

¿Será que estamos a las puertas de las elecciones y que éste es un tema candente para la ciudadanía? Según el CIS en estudios de los años 2002 y 2009, el 70% de los españoles estaba a favor de la eutanasia; claramente candente.

Más bien se debe tratar de un mecanismo de defensa que ya describía Freud y al que llamaba “negación”: no me gusta la muerte, hablar de ella no trae nada bueno, y por lo tanto no existe para mí, no hablo ni pienso en ella (lagarto lagarto). Algo que en idioma paisano podría llamarse “evitación”.

Algo que precisamente no debe faltar entre aquellas personas que aspiran a gobernar y legislar.

Señores políticos, sabemos que moriremos en algún momento. ¿Por qué se niegan tan testarudamente en aceptar lo que la calle acalladamente solicita y necesita? ¿Por qué no reúnen la valentía que los ciudadanos necesitamos para garantizar verdadera y globalmente, a todos pero sobre todo a los más vulnerables, una muerte digna?

Dejemos de engañarnos, porque afortunadamente ya casi todos somos adultos y a nadie engañan más que a ustedes mismos. Déjense la moda de decir lo que todos quieren oír para no tener que escuchar más y así luego poder hacer lo que les dé la gana de hacer.

Son ya cuatro los gobiernos autonómicos del estado español que disponen de una ley de muerte digna o de garantías en el proceso final de la vida. Estas son, por orden cronológico, Andalucía, Aragón, Navarra, y recientemente Canarias.

Pero también hay otras cuantas debatiendo las suyas. Son Galicia, Euskadi y Baleares. Como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras.