¿Por qué presenta el PSOE una proposición de ley de muerte digna?

Cinco años después de la aprobación de la ley de muerte digna de Andalucía (poco después Aragón y Navarra, recientemente Baleares y Canarias, y en trámite País Vasco y Galicia), no existen diferencias significativas entre territorios y en general en España se muere mal.

Las leyes no cambian la sociedad, pero contribuyen a ello, siempre y cuando sean el resultado de un debate y un consenso social. En el caso de la muerte digna, este debate y consenso está en la calle desde hace años, pero no en las instituciones. Aprobar leyes de muerte digna no sirve para nada cuando no existe la voluntad política de que se respete la ley de autonomía del paciente (2002) y muy especialmente el derecho del ciudadano al alivio del sufrimiento al final de su vida.

Es importante garantizar a toda la ciudadanía el acceso a los cuidados paliativos. Estos deben ser universales, teniendo claro que el enfoque paliativo no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar el derecho al alivio del sufrimiento. Además, es necesario comprender que eutanasia y paliativos no son opciones excluyentes, sino complementarias: siempre habrá personas que a pesar de contar con los mejores cuidados (y a pesar de lo que diga la ley) decidan adelantar su muerte de forma voluntaria.

Morir dignamente no es sólo morir sin dolor, sino una nueva cultura de la muerte, basada en la capacidad de cada ciudadano para afrontar su vida y tomar decisiones responsables y coherentes con su proyecto vital. En este sentido, iniciar un debate parlamentario sobre un tema trascendente como lo es el derecho a la libre disponibilidad de la propia vida exige propuestas legislativas rigurosas y búsquedas de consensos para conseguir una ley con el mayor respaldo parlamentario posible y que recoja el mayoritario sentir social sobre esta materia.

Parece imposible que esto pueda abordarse en una legislatura que está concluyendo. Por ello es necesario que en la próxima legislatura se afronte el debate de una ley que regule el ejercicio del derecho a la libre disponibilidad de la propia vida. Porque, volvemos a recordar, la proposición de ley en cuestión, al igual que las leyes autonómicas de garantías en el proceso final de la vida, no es más que una especificación de los derechos y deberes que se otorgan a los ciudadanos en su relación con el sistema nacional de salud en leyes con ya largo recorrido (ley general de sanidad 1986, ley de autonomía del paciente 2002, y ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud 2003). Vamos, que dicho claramente, no viene a aportar nada consustancialmente nuevo.

Por ello, primero es exigible que se garantice hoy el cumplimiento de la legislación ya existente (Ley de Autonomía del paciente) que en muchas ocasiones es vulnerada. Y, segundo, que se dejen de pamplinas y cesen el juego de tontos de la caña, la cuerda, y la zanahoria.

Cinco años después de la aprobación de la ley de muerte digna de Andalucía (poco después Aragón y Navarra, recientemente Baleares y Canarias, y en trámite País Vasco y Galicia), no existen diferencias significativas entre territorios y en general en España se muere mal.

Las leyes no cambian la sociedad, pero contribuyen a ello, siempre y cuando sean el resultado de un debate y un consenso social. En el caso de la muerte digna, este debate y consenso está en la calle desde hace años, pero no en las instituciones. Aprobar leyes de muerte digna no sirve para nada cuando no existe la voluntad política de que se respete la ley de autonomía del paciente (2002) y muy especialmente el derecho del ciudadano al alivio del sufrimiento al final de su vida.