Personas menores de 65 años, con problemas de abuso de sustancias y que comparten habitación con abuelos en las residencias de ancianos. Es una realidad que ha denunciado el Comité de Empresa de los Servicios Periféricos de Bienestar Social en la provincia de Toledo y que se ha detectado en las residencias públicas de mayores de Toledo, Talavera de la Reina y Torrijos.
Luis Manuel Monforte del sindicato UGT y presidente del Comité de Empresa sostiene que es un “problema” que se extiende a toda la región aunque, recalca, son “casos puntuales y aislados” de personas con estas características que están siendo derivadas a residencias de ancianos. “Se trata de personas jóvenes. No reúnen ni el requisito de ser dependientes o mayores de 65 años que es lo que marca la Carta de Servicios de la Junta para sus residencias públicas”.
En el origen de esta situación sitúa a la propia realidad de los servicios sociales en España. “Antes había una serie de recursos para atender a personas con patologías que no llegaban a reunir los requisitos para ingresar en una residencia de mayores”. Se refiere, en concreto, a la situación de aquellas personas que tras la reforma psiquiátrica de 2010 quedaron fuera del sistema al decaer el modelo de hospital o centro psiquiátrico. “Hay un vacío importante en Castilla-La Mancha. ¿Qué hacemos con estas personas?”, se pregunta. Monforte señala que, en la mayoría de esos casos, se deriva a los usuarios a residencias privadas. “Son las que se comen el gol de la Junta, porque es un gol. Y cuando no cuelan en las privadas-concertadas llevan a estar personas a residencias públicas”.
En este aspecto, denuncia que las residencias de mayores “no están adaptadas” a estas circunstancias por su condición de “centros abiertos”. Monforte recuerda que se trata de “la prolongación del domicilio de un mayor y se trata de que estén como en su casa”. Los otros usuarios, sostiene, no pueden estar en estas instituciones “porque necesitan un control de salidas al exterior. Hablamos de patologías relacionadas con el consumo de alcohol u otras sustancias y tienen que estar controladas”. Tampoco el personal tiene la formación necesaria -por falta de reciclaje en plantillas envejecidas- a lo que se suma, explica, “la grave falta de personal” que existe en la actualidad. “Se saca adelante con buena voluntad, pero con muchas complicaciones”.
Roberto Rincón de CSI-F añade sobre este asunto que el trabajo con personas drogodependientes se centra en “mejorar” su vida para “una mejor integración social”, una función que no cumplen las residencias de ancianos, cuyo objetivo es “atender y cuidar a los abuelos” y lamenta los casos en los que “mayores y los otros usuarios llegan incluso a compartir habitación”. Castilla-La Mancha cuenta con centros especializados. Los sindicatos reconocen la existencia de unidades “pioneras” en el tratamiento de conductas adictivas como la de Bargas (Toledo) que apenas cuenta con 25 plazas.
Bienestar Social reconoce “alguna excepción” pero la vincula a discapacidad o dependencia
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha hablado sobre la denuncia sindical para referirse a la evolución de los usuarios de los centros residenciales en los últimos 20 años. “Ahora son personas más dependientes” y que presentan patologías como las demencias, el alzheimer y “alguna situación de abuso de sustancias como el alcohol. Si son personas mayores hay que atenderlas”, sostiene.
Sobre los casos de personas menores de 65 años con problemas de drogadicción que están compartiendo habitación con los abuelos en las residencias y que los sindicatos fijan en una veintena en el caso de la provincia de Toledo, la consejera comenta: “Me gustaría que me dieran los datos” ya que, asegura, el usuario de las residencias no es una persona joven con problemas de abuso de sustancias aunque reconoce que “puede haber alguna excepción y le voy a decir cuál. Hemos facilitado que la persona mayor que tenga a su cargo a otra menor de edad con una discapacidad pueda permanecer a su lado para que no quede desamparada. Igual que los cónyuges no dependientes pueden estar con su pareja que sí es dependiente en los centros”.
Aurelia Sánchez explica que “las situaciones que se puedan compensar en las residencias, se van a compensar directamente” y en el caso de “personas con una enfermedad mental muy grave”, asegura, serán atendidas por las unidades de trastorno de conducta como la que existe en Bargas (Toledo). Reconoce también que los profesionales “necesitan más formación y estamos en ello”.
El “desconocimiento” de una Consejería que “debe definir su modelo de servicios sociales”
Desde el ámbito sindical, lamentan que la respuesta de la Consejería de Bienestar Social haya sido reconocer su “desconocimiento” de esta situación. Monforte cree que la consejera del ramo, Aurelia Sánchez, “tiene un problema de fondo” que pasa por “definir qué modelo de Servicios Sociales quiere implantar en la región y que va a determinar la calidad de los propios servicios” y que eso además sea posible con la correspondiente asignación de fondos por parte de la Consejería de Hacienda, en los Presupuestos regionales.
Critica que, ante la falta de recursos, se utilice a las residencias de ancianos como “un cajón de sastre” apostando por un modelo de centros “que no da guerra pero que no cumple unos mínimos de calidad para los usuarios”. En su opinión, “eso supone entrar en unas políticas ”liberales“ que se alejan del concepto de ”solidaridad“ de Estado del Bienestar.
Apuesta por implementar soluciones que ya existen en otras regiones como Extremadura y que pasan por las mini-residencias o unidades de convivencia donde estos usuarios, bajo la tutela de especialistas como educadores o trabajadores sociales “que no son auxiliares sanitarios”, conviven, llevan una vida integrada en la sociedad pero con un control más directo. “Hablamos de unidades de cinco o seis personas con patologías comunes y no con mayores”.
La entrada de Podemos al Gobierno regional
A los sindicatos les preguntamos si creen que esta situación cambiará con la entrada en el Gobierno regional de Podemos. “Habrá que verlo, pero lo que nos han presentado en los presupuestos son los mismos contenidos, e incluso peores”, asegura Gustavo Fabra de STAS. En este sentido, se refiere de forma específica al Hospitalito del Rey, en Toledo, que “podría dar servicio a personas mayores en lista de espera y que no está recogido en los nuevos presupuestos pese a que se aprobó una enmienda parcial para este fin con los votos del PP y de Podemos”. Cree que los ciudadanos “no van a tener un reflejo de que se está invirtiendo en servicios públicos y abriendo nuevas plazas. Es una gran cortina de humo”.
Roberto Rincón, de CSI-F sostiene que la llegada al Gobierno regional de Podemos “no cambiará nada”. En su opinión, “habrá dos puestos de alto cargo más, dos sillones más bien remunerados…No sabemos ni cómo van a dotar de personal a la Consejería que se vaya a crear. No habrá mucho más y me gustaría que no fuese así. Que tuvieran la fuerza para que determinadas medidas se llevasen adelante, que los funcionarios viéramos recuperados parte de lo que se nos quitó y que en servicios sociales se dotara de más medios y personal”.
“Veremos a ver qué pasa”, comenta Luis Manuel Monforte, de UGT. “A lo mejor tenemos que recordar a Podemos las concentraciones, con mucho frío, en las que ha estado con nosotros compartiendo las reivindicaciones de personal en los servicios sociales o a la apertura del Hospitalito con personal público”. Confían en que aprovechen “la oportunidad de decírselo personalmente a Emiliano García-Page”.
“Tendremos que ver aún cuál es la estructura de los nuevos puestos en el Gobierno”, apunta Fabra, para recordar que “hemos sido muy duros con el PSOE en cuanto a los puestos de libre designación y si ahora Podemos recurre a los mismos métodos, tendremos que pedir explicaciones”.
Es un tema que ‘escuece’ en el ámbito sindical. “Hemos pedido modificaciones en la relación de puestos de trabajo que no se aceptaron y ahora se crearán dos consejerías…Para eso sí hay dinero pero no para funcionarios o personal laboral donde hacen falta”, añade Monforte. Y es que, recuerdan, de los 21 millones extra que se añaden a los nuevos presupuestos regionales, “la partida que más se aumenta es la de altos cargos, con medio millón de euros”, dice Fabra.