La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, en la figura de su presidente, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, ha denunciado frente al Fiscal General del Estado al consistorio de María Dolores de Cospedal por presunta prevaricación al incumplir, a sabiendas, el Real Decreto 168 de julio de 2012.
Este decreto estipula que el recálculo en las prestaciones ofrecidas a los dependientes, cuando sea inferior de la que reciben, se realizará para casos de nueva tramitación o que aún no tuvieron resolución administrativa en firme, y nunca a los casos ya expedidos. Es decir, que las rebajas en los subsidios y prestaciones por la ley de dependencia entrarán en vigor para nuevos casos, pero no para los ya diagnosticados.
Sin embargo, el gobierno de Cospedal ha iniciado una nueva 'baremación' de todos los casos de dependientes, tanto antes como después de la aprobación del Real Decreto, para bajar las plusvalías a los dependientes, algo ilegal. El gobierno de la Junta da tratamiento de “nuevos” a todas las revisiones para poder así recortar la cantidad que reciben y que les pertenecía por Real Decreto en la baremación anterior. Lógicamente, al hacer la Junta este movimiento a sabiendas, incurriría en un presunto delito de prevaricación, que desde la Plataforma esperan que Torres Dulce investigue.
A pesar de que en la gran mayoría de los casos los nuevos informes mantienen el mismo grado de dependencia a cada persona (puesto que ya fue evaluado y su situación no ha cambiado), sí cambian las plusvalías a recibir por cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal, que son siempre reevaluadas a la baja. En ningún caso se aumenta la prestación a ningún paciente.
Además, la Plataforma ha solicitado en, exactamente, 53 ocasiones en la legislatura una reunión con el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta, José Ignacio Echániz. Todas esas peticiones han sido denegadas o no han recibido siquiera respuesta.
A la denuncia se adjuntan diversos informes y resoluciones emitidas por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales como ejemplos de vulneración e ilegalidad al no cumplir con la ley estipulada por Real Decreto.