La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ha denunciado ante la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo, el incumplimiento de los planes de inspección de Calidad Ambiental por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que llega al no haber querido contar sistemáticamente con el Cuerpo de Agentes Medioambientales en dichos planes.
Estos hechos se producen, a pesar de que la asociación ha solicitado “en varias ocasiones” que se cuenta con ellos, en su calidad de “policía medioambiental” de la región. Desde APAM explican que la Directiva Europea 2010/75/UE sobre emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), establece que todas las instalaciones industriales que inciden en el medio ambiente deben estar cubiertas por un plan de inspección medioambiental realizado por las administraciones a escala nacional, regional o local.
Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, los agentes constatan que se ha producido un “claro incumplimiento sistemático del control y prevención”, ya que en el año 2015 aproximadamente se ha incumplido en un 60 % el plan de inspección medioambiental, mientras que en los años 2016 y 2017 el incumplimiento ha aumentado hasta llegar al 80 %, según los datos publicados en la web de la Junta.
“Episodios como los de Chiloeches, Seseña o las espumas del Tajo se podrían haber evitado si el Gobierno regional cumpliera con el programa de inspecciones”, afirman. Pero lamentan que lo que ocurre es que se “ sigue sin tener la intención de contar con el Cuerpo de Agentes Medioambientales para el próximo plan de inspección medioambiental de Castilla-La Mancha 2018 – 2024, lo que supone una mala optimización de los recursos de personal y material de la Junta”.
Por otro lado, aseguran que propusieron la creación de una ‘Unidad Especializada de Calidad Ambiental’, unidades provinciales formadas y dotadas de efectivos, lo que se contempla en el reglamento que regula a estos agentes de la autoridad. Finalmente, desde APAM afirman que la Fiscalía ha solicitado informe al respecto a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para evaluar las posibles responsabilidades derivadas de la situación.