Continúa el cruce de acusaciones entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Plataforma Sí a la Tierra Viva a cuenta del acceso a los documentos del expediente administrativo que se lleva a cabo en torno al proyecto de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel. La Plataforma ha acusado a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, de incumplir su palabra de facilitar en la Dirección Provincial de Ciudad Real toda la información de los expedientes a todos aquellos que estén interesados.
Según explica este colectivo, el pasado 4 de abril una delegación de la Paltaforma asistió a una reunión con los técnicos de Medio Ambiente de Ciudad Real y a otra con los de Minas, de la propia Consejería que dirige Patricia Franco, para poder consultar la información que la consejera se había comprometido a facilitar a los ciudadanos. Aseguran que a pesar de la promesa hecha, la reunión se convirtió en una “sucesión de negativas, trabas y justificaciones” para impedir el acceso completo a los expedientes por parte de los directores provinciales de ambas consejerías, que estuvieron presentes en todo momento.
Concretamente, la Plataforma pidió acceso a los expedientes por escrito a mediados de febrero pasado y aun así no se pudo obtener copia de los mismos, ni en el Servicio de Minas ni en el de Medio Ambiente. En Medio Ambiente por ejemplo, dicen que argumentaron que la Plataforma no había estado constituida durante dos años, por lo que “no era considerada parte interesada en el procedimiento”. Alegan sobre esto que la Constitución española y la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno da acceso a todos los ciudadanos a la información en materia de medio ambiente, así como el Convenio de Aarhus firmado por España.
“De particular gravedad es que, al no tener acceso al expediente ambiental, no tenemos forma de saber por qué la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente exoneró a las empresas mineras de los permisos de investigación del trámite previo de la Evaluación de Impacto Ambiental”, agregan.
Por todo ello, piden a la consejera de Economía que “de una vez por todas” y en un ejercicio de “transparencia democrática y de fidelidad a su compromiso público”, facilite los ciudadanos el acceso íntegro a todos los expedientes, proceda a su foliado para evitar pérdidas en su contenido y exponga públicamente las razones y “la ausencia de control a la empresa en cuanto a los requisitos establecidos en las resoluciones de su Consejería para concederle los permisos de investigación”.