Desestimada la privatización del laboratorio municipal de agua de Albacete
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Albacete ha estimado plenamente el recurso presentado por Izquierda Unida a la privatización del servicio del laboratorio municipal de Aguas de Albacete. El tribunal considera nulo todo el trámite llevado a cabo por el Ayuntamiento de Albacete aprobado por la mayoría absoluta del PP en el gobierno municipal al infringir diversas normativas a la hora de realizar todo el proceso, como por ejemplo según señala el juzgado que no se realizó ninguna publicidad para que las empresas que lo quisieran pudieran participar en el concurso, siendo concedido directamente a una empresa sin pasar los procesos legales.
El laboratorio municipal de aguas es un servicio público hasta diciembre de 2012, momento en que por acuerdo del Pleno municipal se establece la privatización del servicio para ofrecerse dentro de la gestión de la empresa mixta de aguas local (es decir, parte pública y parte de una empresa privada). Esta privatización conlleva el despido de los trabajadores municipales que trabajaban en el servicio para que la empresa privada sea la que decida los empleados que trabajarán en la entidad privatizada, proceso que al declararse nulo también es paralizado.
La propia sentencia señala que “existe un vicio de nulidad inicial al haber olvidado en la decisión los principios de publicidad, concurrencia e igualdad que deben regir la adjudicación de la gestión de un servicio público”, es decir, que el proceso ni fue licitado, ni salió a concurso público, por lo que las empresas que lo quisieran no pudieron participar en el proceso. Uno de los problemas que acarreaba esta privatización es que el laboratorio municipal pasaba a pertenecer a la empresa Aguas de Albacete, algo que desde Izquierda Unida consideraban un error ya que “el control de la calidad del agua debe hacerse de manera externa y separada del servicio que la presta”, en palabras de la portavoz municipal del partido, Victoria Delicado.
El Ayuntamiento es condenado a las costas del proceso judicial y las peticiones de la sociedad Aguas de Albacete han sido rechazadas.
Uno de los motivos para realizar la privatización era, según el Ayuntamiento, que el consistorio se ahorraría 200.000 euros con la privatización del servicio, cantidad que por otro lado el gobierno local no ha explicado de dónde viene. No ha existido ningún proceso en la privatización del servicio y simplemente se ha adjudicado a una empresa, forma a todas luces ilegal.
Desde Izquierda Unida también se quejan de todo el gasto que ha supuesto todo el proceso para los ciudadanos: dos años de dedicar los abogados municipales al procedimiento, unos costes que ahora tendrán que pagar los ciudadanos a través de sus impuestos y ahora los futuros recursos que podría presentar el Ayuntamiento a los órganos superiores de justicia, recursos que llevarán aún más tiempo y dinero de nuevo de las arcas municipales.
“El equipo de gobierno municipal ha actuado con absoluta irresponsabilidad, saltándose la normativa, la ley y el derecho, enajenando un servicio público a una empresa privada sin garantizar la totalidad del servicio prestado y sin cuantificar el coste para la ciudadanía. Por todo ello confiamos que el equipo de gobierno acate la sentencia y la ejecute de forma inmediata”, según Victoria Delicado.
