Sobre este blog
Este blog es un espacio de colaboración entre elDiario.es de Castilla-La Mancha (elDiarioclm.es) y el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha para abordar diversas cuestiones sociales desde la reflexión, el entendimiento y el análisis.
El pasado sábado 8 de marzo acudí, como suelo hacer todos los años, a la concentración de mi ciudad con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Año tras año, seguimos reclamando, reivindicando y luchando y sigo oyendo muchas, demasiadas, consignas que repetimos una y otra vez. Una de las más recurrentes es el derecho al aborto. Parece mentira la cantidad de años que llevamos reclamando garantías para poder ejercer nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Y es que seguimos sin quitarnos de encima la vergüenza y el acoso por ejercer nuestro derecho humano y decidir libremente sobre nuestra salud reproductiva.
Veamos sus componentes esenciales para entender este retroceso: derecho, interrupción del embarazo y voluntaria. Los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir de manera libre y responsable sobre su maternidad están consagrados hace años en el derecho internacional. En España, la Ley Orgánica 2/2010 y su reforma en 2023, establece el derecho a la IVE y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. No hay duda, la IVE no es un acto ilícito, ni un método anticonceptivo, ni un homicidio, ni una vergüenza, es un derecho; y como tal, debe ser garantizado y protegido.
En segundo lugar, hablar de interrupción del embarazo nos sitúa en el terreno de la sanidad. Como parte del derecho a la salud y como prestación sanitaria, el estado tiene la obligación de garantizar una interrupción del embarazo con todas las garantías; lo que significa que debe ser accesible, segura, dentro del sistema sanitario público, respetuosa, sin discriminación y garantizando los derechos fundamentales de las mujeres. Todo esto implica que las mujeres tenemos derecho a que la IVE no sea un calvario, difícil, oscuro y estigmatizado. Y a que se realice en centros públicos y cerca de nuestro hogar. Y no lo digo yo, lo dice el sentido de los derechos humanos y el Tribunal Constitucional.
Miguel G. Ventayol Sarrión
Carlos Mora de Marcos
Sandra López Fernández
Alberto Yébenes
Mariano Urraco Solanilla
Carlos González Sánchez
Idoya Jiménez Perut - Licenciada en Sociología y Experta en Desarrollo Local
Marta Fernández Sebastián - Doctora en Ciencias Políticas, especializada en Relaciones Internacionales y Seguridad
Juan Parra - Politólogo y coach
Ana María Hernández Fernández
Isabel López Montejano
Carlos Martín - Investigador social
Susana Blázquez Muñoz - Socióloga y antropóloga
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