¡Agua, que vienen los nacionalistas!

En 2023, Castilla y León se consagró como la comunidad autónoma líder en generación eléctrica renovable en España, aportando un 17,33% del total de energía del país. Le siguieron Castilla-La Mancha con un 14,2% y Andalucía con un 13,6%. Este ranking surge del desarrollo en la producción de electricidad mediante energías renovables como la fotovoltaica y la eólica, es decir, el sol y el viento. Sin embargo, a nadie se le ocurre reclamar que esa energía pertenece exclusivamente a los habitantes de esas comunidades y que, por lo tanto, no debería compartirse con otras regiones que quizás no han desarrollado un sistema de producción tan potente o no cuentan con las condiciones geográficas y naturales para ello. Es un consenso tácito: consideramos la electricidad como un bien de primera necesidad para todos, vital para el desarrollo y la prosperidad de un país. Por eso, contamos con una red eléctrica nacional.

Pero, ¿qué sucede cuando hablamos del agua? Aquí el razonamiento cambia. El agua, otro recurso esencial para el desarrollo y funcionamiento de cualquier país, es objeto de discursos que reclaman derechos asimétricos sobre su uso dependiendo de la región. Si el río pasa por un territorio, esa agua “le pertenece” más a ese territorio que al resto.

A este fenómeno se le conoce de distintas maneras: regionalismo hídrico, localismo hídrico, pero el término que más me gusta es el de “nacionalismos del agua”. Los nacionalismos del agua son discursos que se dan en diferentes comunidades españolas acerca de la gestión del agua, reduciendo el debate a un binomio de amigos y enemigos: quienes tienen el agua y quienes la reclaman.

Esta idea -y limitación- se conecta con la paradoja de que, en España, nos parece fantástico tener una red eléctrica nacional para la distribución de la electricidad, pero cuando se trata del agua, aparecen reivindicaciones territoriales y políticos dispuestos a alimentar la polémica. Piense en cómo sonaría si un político, de esos que reclama el trato injusto de otra comunidad, proclamara: “El viento de Castilla y León es solo para los castellanoleoneses” o “El sol de Castilla-La Mancha es exclusivamente para nuestros ciudadanos; no podemos seguir iluminando las casas de la capital”. Algo que suena tan absurdo cuando se habla de electricidad, lo hemos aceptado como válido cuando se trata del agua.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? No hay una sola causa, como en casi todos los problemas complejos, pero se pueden identificar varios factores que han alimentado este caldo de cultivo. Primero, la distribución irregular del agua en nuestro país. Mientras que en Cataluña este año se han impuesto restricciones al consumo ciudadano, en Galicia podrían decirle que lo que hace falta es que salga más el sol. Esto se agrava con la falta de una estrategia nacional consistente, tanto a corto como a medio y largo plazo. Y cuando se plantea una estrategia, rápidamente se asocia a un color político, perpetuando un ciclo donde trasvases y desaladoras se alternan como soluciones según el gobierno de turno.

Este fenómeno se complica aún más a nivel local, donde los partidos no siempre respetan las directrices nacionales en sus campañas autonómicas o locales, priorizando el acceso al poder sobre el consenso del partido.

“Falta de conciencia sobre el agua”

El agua, como bien esencial, se convierte en un detonante de alarma cuando escasea, especialmente para los agricultores, que consumen aproximadamente el 80% del agua en España y ya han demostrado su capacidad para paralizar el país cuando sus intereses están en juego. Además, el escaso conocimiento del fenómeno entre la ciudadanía, sumado a un desinterés general, exacerba el problema. En España, pagamos relativamente poco por el agua, y las grandes poblaciones no sufren cortes, lo que contribuye a una falta de conciencia sobre la verdadera dimensión del problema.

Si sumamos todo esto, junto con otros problemas que interfieren, el terreno es fértil para la aparición del nacionalismo del agua. Al final, estos discursos simplifican un problema complejo, ofreciendo una falsa sensación de comprensión y posicionamiento, lo que es un alivio para un cerebro que siempre busca ahorrar energía.

¿Qué podemos hacer para no seguir por este camino? Mi experiencia me dice que no existe una solución única para este tipo de problemas. Por lo general, se trata de muchas pequeñas soluciones que buscan abordar diferentes aspectos de este sistema enredado para, a corto, medio y largo plazo, reducir los problemas y maximizar los beneficios.

¿Y qué beneficios? Primero, debemos definir qué queremos como país y qué gestión del agua nos parece la más apropiada. No parece un buen incentivo para las comunidades que disponen de agua renunciar a ese privilegio en favor de una estrategia nacional, si no llegamos a un acuerdo sobre los límites de la agricultura. Tampoco tiene sentido establecer límites a un agricultor que cumple con la normativa si no establecemos controles claros y capacidad para monitorear en tiempo real el uso del agua y luchar contra prácticas ilegales. Y tampoco será un buen negocio para quienes compren el agua de una desaladora si no existe transparencia sobre las empresas concesionarias que las gestionan, provocando el aumento de su precio y la falta de innovación.

En definitiva, conocer en profundidad lo que comento, e incluso ir más allá, no le asegura tener la respuesta correcta ante este desafío. Esa aparente certeza la ofrecen discursos nacionalistas como el expuesto, porque siempre habrá factores que, aun con todo el conocimiento, estarán fuera de su control. Sin embargo, lo que sí le brinda es la capacidad de no dejarse seducir por soluciones mágicas y de reconocer con mayor facilidad quién tiene un verdadero interés en resolver el problema y quién simplemente busca vivir de él.

En 2023, Castilla y León se consagró como la comunidad autónoma líder en generación eléctrica renovable en España, aportando un 17,33% del total de energía del país. Le siguieron Castilla-La Mancha con un 14,2% y Andalucía con un 13,6%. Este ranking surge del desarrollo en la producción de electricidad mediante energías renovables como la fotovoltaica y la eólica, es decir, el sol y el viento. Sin embargo, a nadie se le ocurre reclamar que esa energía pertenece exclusivamente a los habitantes de esas comunidades y que, por lo tanto, no debería compartirse con otras regiones que quizás no han desarrollado un sistema de producción tan potente o no cuentan con las condiciones geográficas y naturales para ello. Es un consenso tácito: consideramos la electricidad como un bien de primera necesidad para todos, vital para el desarrollo y la prosperidad de un país. Por eso, contamos con una red eléctrica nacional.

Pero, ¿qué sucede cuando hablamos del agua? Aquí el razonamiento cambia. El agua, otro recurso esencial para el desarrollo y funcionamiento de cualquier país, es objeto de discursos que reclaman derechos asimétricos sobre su uso dependiendo de la región. Si el río pasa por un territorio, esa agua “le pertenece” más a ese territorio que al resto.