Según datos del Ministerio de Interior, en 2022 en Castilla-La Mancha se denunciaron 530 hechos contra la libertad sexual de mujeres y 405 detenciones e investigaciones de delitos sexuales. Si comparamos con años anteriores, vemos que cada vez denunciamos más y callamos menos las violaciones, las agresiones, los abusos y esas conductas inapropiadas y escandalosamente normalizadas que hoy, por fin, empezamos a poner nombre: violencia sexual contra las mujeres.
Pero el panorama sigue siendo terrible. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, en España el 13% de las mujeres ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida.
Es obvio que la solución pasa por la prevención, por la educación y por la reeducación de una sociedad que ha normalizado, ocultado, banalizado, tolerado, justificado e incluso reído los ataques y violaciones de la libertad sexual de las mujeres. Pero mientras tanto, la justicia y las políticas deben dar una repuesta contundente y eficaz y proteger a las víctimas respetando sus derechos y su dignidad.
Los datos nos describen una realidad demoledora: según esta misma Macroencuesta, solo se denuncia el 11% de las agresiones sexuales fuera de la pareja (mucho menos de la pareja) y el 16% de las violaciones y, además, la inmensa mayoría de mujeres agredidas ni siquiera buscó ayuda en las instituciones. Nos sigue dando vergüenza y tenemos miedo a no ser creídas. Algo está fallando en un sistema que no es capaz de proteger, apoyar, defender y reparar a las mujeres víctimas de violencia sexual.
Amnistía Internacional en su informe 'Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas', alerta de que en España no existen políticas especializadas y específicas para prevenir y abordar la violencia sexual, menos aún la violencia sexual dentro de la pareja. Faltan planes, datos, campañas, protocolos de actuación específicos, profesionales especializados, asistencia integral a las víctimas y garantías de un efectivo acceso a la denuncia, a servicios sanitarios y a la defensa y reparación.
La violencia sexual es violencia de género, pero requiere un enfoque especial. Los especialistas y las organizaciones internacionales de derechos humanos hace tiempo que señalan la necesidad de tratar la violencia sexual contra las mujeres con medios y recursos específicos y atender a las víctimas con protocolos y profesionales especializados. Esto podría evitar que muchas mujeres piensen que no vale la pena denunciar, que sus testimonios se pongan en cuestión, que sus vidas privadas se expongan gratuitamente, que sean juzgadas aun siendo víctimas y que pasen por un proceso tan doloroso solas y estigmatizadas.
Pues bien, una herramienta fundamental de esta atención especializada son los centros de crisis 24H. Estos centros están pensados específicamente para atender y acompañar a las víctimas y deben ofrecer asistencia integral (legal, administrativa, psicológica, social) a mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia sexual, 24 hora al día, 365 día al año.
Y la implantación de estos centros no es un brindis al sol, es una obligación legal. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que España ratificó en 2014, obliga a nuestro país a crearlos y la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (Ley del sólo sí es sí) establece que las Comunidades Autónomas deben implementar al menos, un centro en cada provincia. Para ello, desde 2021 las CCAA han recibido más de 83 millones de euros, de los cuales Castilla-La Mancha ha recibido casi 6 millones.
A pesar de ser obligatorios y económicamente dotados, actualmente en España solo hay 4 centros operativos. Y ninguno en Castilla-La Mancha. Como denuncia Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha, las CCAA realmente no se han esforzado en cumplir su obligación.
En 2022, Emiliano García-Page apostaba por que Castilla-La Mancha lidere, a nivel nacional, el despliegue de centros de atención contra todo tipo de violencia sexual y se comprometía a la creación de los cinco centros provinciales. A comienzo de 2024, ni somos líderes, ni contamos con este recurso en ninguna provincia.
Ante este panorama, el gobierno español ha prorrogado un año más, hasta finales de 2024, el plazo para que todas las provincias cuenten con su centro de crisis 24 horas operativo.
A pesar de todo, es cierto que el gobierno de nuestra región va haciendo los deberes y los cinco centros, al menos, están proyectados, en proceso de construcción o dotación. Seamos optimistas y pensemos que se va a cumplir el plazo establecido y a finales de este año, las ciudadanas de Castilla–La Mancha contaremos con un centro de crisis 24 horas en nuestra provincia.
Pero esto es solo el inicio del camino. Una vez abiertos, estos centros deben dotarse de medios y profesionales suficientes y especializados y deben ser sostenidos y financiados. Además, es importante que sean apoyados por campañas de sensibilización y difusión porque es fundamental que todas sepamos que, si sufrimos cualquier tipo de agresión o violencia sexual, tenemos un recurso para nosotras; un lugar donde acudir, donde ser atendidas y acompañadas. Un espacio donde, esperemos, se cumplan y garanticen los derechos de las víctimas: el derecho a la información, a la denuncia, al apoyo, a la reparación y a recibir una asistencia sin prejuicios ni estereotipos.
Sobre este blog
Este blog es un espacio de colaboración entre elDiario.es de Castilla-La Mancha (elDiarioclm.es) y el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha para abordar diversas cuestiones sociales desde la reflexión, el entendimiento y el análisis.
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