De la estructura regional, a darle sentido a Castilla-La Mancha (Parte I)

Proyectar una región a partir de provincias que nunca estuvieron unidas como región ha necesitado construir una estructura institucional, la cual ahora, tras cuarenta años de existencia necesita iniciar un nuevo proceso de significación que profundice en dar sentido a Castilla-La Mancha.

El intento histórico más logrado de proyectar un territorio con cierta articulación política se produce con la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1982, que configura el autogobierno con un poder ejecutivo-administrativo (Junta de Comunidades) y un poder legislativo (Las Cortes) amparado constitucionalmente, tras algunos intentos en el pasado sin mayor pretensión política. Por tanto, no será la consolidación de un ideario político regionalista o nacionalista, sino un mandato constitucional quien facilitase la autonomía regional.

Transcurridos cuarenta años de la constitución de la Junta de Comunidades y de las Cortes de Castilla-La Mancha, los castellanosmanchegos/as hemos podido percibir la presencia institucional de la administración regional, con sus aciertos y errores. Ahora bien, nadie puede negar los importantes avances en derechos y prestaciones que los ciudadanos de nuestra región hemos logrado, visto en perspectiva histórica. La Junta de Comunidades ha dado muestras de realizar una gestión de proximidad a los distintos asuntos y problemáticas que conciernen a nuestra tierra.

Principalmente estos logros se han conseguido por el posicionamiento intermedio que ha jugado la Junta de Comunidades entre el Estado y los Ayuntamientos/Diputaciones. Tal mediación ha consistido en articular políticas que no molestasen al gobierno central y que posibilitase justificar la actividad política a los Ayuntamientos y Diputaciones. Tal mediación se ha logrado mediante la activación de tres factores fundamentalmente. Primero no jugando, dentro del tablero territorial estatal, una posición díscola con el Gobierno nacional de turno, asumiendo acríticamente la legislación en materia autonómica que se publicaba a través del Estado: con estar en el tablero era suficiente (¿cuándo en la historia nacional de España han contado alguna de las provincias castellanomanchegas en el conjunto estatal para alguna política estructural?, ¡nunca!), la autonomía permitirá al Gobierno de la Junta determinar, mediante sus competencias, fijar autónomamente las prioridades territoriales y establecer el marco de relaciones con la sociedad civil de la región y, además, legislar y controlar, a través de las Cortes regionales, las materias de su competencia. Por su parte, la relación con Ayuntamientos y Diputaciones se ha modulado mediante dos tipos de relaciones, o bien de carácter competitivo (política de oferta y concurrencia competitiva) o bien de relación bilateral (política de cooperación).

Sin embargo, asumir el desarrollo autonómico en Castilla-La Mancha no sólo debe bastar con asumir lo logrado hasta el momento para conformarse y adaptar la realidad social y económica al molde generado por todo este proceso descrito. Más bien, llegados a este punto de cuarenta años de autonomía, tendríamos que hacer una reflexión colectiva de cómo orientar y proyectar el proyecto político, social, económico y cultural de Castilla-La Mancha. Los retos a los que nos enfrentamos como comunidad son diversos y con características heterogéneas, la globalización, el desarrollo tecnológico, la diversidad y pluralidad de la sociedad civil de la región, las necesidades culturales, etc.

Todo ello nos aboca a una proyección política que precisa una atención reflexiva diversa y con la suficiente altura de miras para no caer en la segmentación y fragmentación de las problemáticas o retos, atendidos mediante programas-proyecto, esto es, individualizando problemáticas e intervenciones. Pienso que es preciso un esfuerzo colectivo de reflexión, lograr una visión de la Comunidad en su totalidad. Tres elementos pienso que son los que facilitaría el debate con el que proyectar la región en las próximas décadas. La cohesión territorial, la democratización social y económica y la articulación cultural.

El devenir democrático y la acción política autonómica no puede, en definitiva, seguir desarrollándose con instrumentos desfasados, propios de otros tiempos, la modernización política pasa por asumir el policentrismo territorial, con áreas funcionales adecuadas a las necesidades de la población, que facilite la democratización social, canalizando las necesidades sociales a través de definición de nuevas fórmulas de participación-acción y el impulso de la cultura democrática, superado el modelo de atender las infraestructuras culturales transitar a facilitar la acción cultural con una perspectiva territorial y autónoma.

Proyectar una región a partir de provincias que nunca estuvieron unidas como región ha necesitado construir una estructura institucional, la cual ahora, tras cuarenta años de existencia necesita iniciar un nuevo proceso de significación que profundice en dar sentido a Castilla-La Mancha.

El intento histórico más logrado de proyectar un territorio con cierta articulación política se produce con la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1982, que configura el autogobierno con un poder ejecutivo-administrativo (Junta de Comunidades) y un poder legislativo (Las Cortes) amparado constitucionalmente, tras algunos intentos en el pasado sin mayor pretensión política. Por tanto, no será la consolidación de un ideario político regionalista o nacionalista, sino un mandato constitucional quien facilitase la autonomía regional.