La crisis económica mundial trajo consigo numerosos fenómenos sociales relacionados con la pérdida del bienestar, y cuyas consecuencias siguen presentes y acuciantes en nuestros días. Uno de los más importantes es ese nuevo estrato de los denominados trabajadores pobres, definido principalmente por Eurostat conforme al porcentaje de personas que se declaran empleadas pero que, habiendo trabajado al menos la mitad del año, están en riesgo de pobreza, es decir, tiene una renta disponible por debajo del 60% de la media.
Es uno de los numerosos temas que se abordan en el Congreso Internacional de Sociología que la Asociación Castellano-Manchega de Sociología (ACMS) ha organizado en Valdepeñas (Ciudad Real). Sobre esta cuestión, el sociólogo Vicente Castellanos nos ha hablado del trabajo realizado desde la Universidad Carlos III en colaboración con el doctor Alberto Veira.
Explica sobre esta cuestión que la OCDE también ha hecho su propia definición al respecto: considerar a los trabajadores pobres en función del total de la renta familiar dividida entre el número de miembros que componen el hogar. Otros análisis van mucho más allá. Por ejemplo, los sociólogos toman como referencia el 10% más pobre de entre la población activa, para evitar “sobredimensionar los hogares pobres”.
Aunque es cierto que en España es un término que ha adquirido más ‘popularidad’ en los últimos años, la expresión ‘working poor’ se utilizó por primera vez en Estados Unidos durante la década de los 70 en libros como ‘La Sociedad Opulenta’, de J.K Galbraith, o ‘La otra América’, de M. Harrington, que impulsan el estudio de este fenómeno. En Europa, no es hasta 2003 cuando se hace referencia explícita a este concepto en el Consejo Europeo.
¿Cuál es la gran paradoja de esta expresión? El experto precisa algo tan demoledor como el hecho de que tener un empleo “ya no garantiza escapar del riesgo de pobreza o exclusión social” debido a la confluencia de bajos salarios con contratos temporales o parciales y/o condiciones de subempleo, así como la influencia de la situación familiar sobre el trabajador. Y lo que es peor, por el momento no hay medidas concretas para combatirlo, más allá de las consideraciones como familia numerosa de los hogares monoparentales.
Para entender las características del problema, Vicente Castellanos apunta a la identificación de tres colectivos cuya presencia ha aumentado de manera más importante en el percentil 10 de pobreza, a lo largo del período de la crisis económica.
Comercio, oficina y autónomos
El primero de ellos lo constituyen los trabajadores de los servicios personales, de la seguridad y del comercio, que han pasado de suponer el 22% de los hogares más pobres a más de un tercio, un 32%. Son vendedores del pequeño comercio, personas ocupadas en los servicios de reparto, reponedores y servicio doméstico, entre otros.
El segundo bloque se refiere a los empleados dedicados a la rutina de la administración y los servicios, es decir los trabajadores de oficina, que también aumentan más de 5% entre los hogares más pobres. Y por último, también hay un tipo de hogar que destaca entre los que ganan presencia en el percentil más pobre, que son los hogares cuyo cabeza de familia ha sido autónomo o pequeño empresario. “En este caso, el final de la actividad supone inmediatamente pasar a engrosar el grupo de los hogares más pobres”.
La solución, por tanto, para este problema es “compleja”. Se combinan dos fenómenos que han provocado una “tormenta perfecta”. Por un lado la digitalización creciente y con ella el deterioro de las condiciones laborales que hace posible el auge de las empresas de internet con un “control legislativo muy débil” sobre su actividad porque pueden estar radicadas en cualquier país. Y por otra parte, una legislación laboral que durante los años de la crisis económica “ha perseguido rebajar los costes laborales para mejorar el atractivo de la economía española a la inversión extranjera”.
“La segunda de estas dos condiciones parece más fácil de arreglar y algún paso se ha dado con el aumento del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, la primera tiene una complejidad mayor por su alcance global que requiere de soluciones multinacionales, o al menos a nivel de la Unión Europea”, concluye el experto.
Vicente Castellanos es Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Gestión y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta misma universidad. Completó sus estudios de Doctorado por la UNED. También es director de la unidad de Estudios Sociales de la Opinión Pública en IPSOS y profesor del departamento de Análisis Social de la Universidad Carlos III de Madrid.