Los directores sociales calculan en más de 1.500 las personas dependientes de Castilla-La Mancha que murieron esperando su prestación

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que este año se han registrado 47.201 fallecidos entre aquellos usuarios en lista de espera del servicio de dependencia, en lo que va de 2020. En el caso de Castilla-La Mancha, serían más de 1.500 personas las que han fallecido sin recibir su prestación. El organismo señala que, según los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, de las 47.201 personas fallecidas en lista de espera, 29.453 eran dependientes con derecho y otros 17.748 estaban pendientes de valorar. “160 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley”, lamentan.

Además, recalcan que el Ministerio de Derechos Sociales “no ha incrementado ni en un solo euro” la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. En este sentido, lamentan que se está abandonando “sin atenciones” a las 376.707 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento. La organización hace referencia al último sistema MoMo, en el que se analiza la mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia, explican que son 148.530 personas las fallecidas con solicitud de dependencia.

El “exceso de mortalidad” de 40.065 personas en el Sistema de Atención a la Dependencia -SAAD-, un incremento del 36% de la esperada y que afecta al 2,1 % del total de solicitantes. Por otra parte, el 82% de los fallecidos tenía más de 80 años y el 42% tenía un grado III de Dependencia. Por otra parte, lamentan que haya un impacto “muy elevado” en la mortalidad excesiva en personas atendidas en residencias, que 46.756 fallecidos, con un exceso de fallecimiento de 20.922 personas. La tasa de dependientes fallecidos en residencia fue de 199,4 por cada 1.000, pero en Castilla-La Mancha la tasa es muy superior de 261, por cada mil usuarios.

La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en España se sitúa en 94 por cada 1.000 para el periodo de marzo a septiembre, si bien en Castilla-La Mancha, Navarra, Madrid, Cataluña y Aragón superan los 111 fallecidos por cada mil atendidos. “El impacto de la COVID-19 en el Sistema de atención a la Dependencia ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias”, señalan. 

El 27% de las personas dependientes beneficiarias fallecidas en este año vivían en una residencia, aseguran desde la organización. El porcentaje es mayor en Cantabria, Cataluña y Castilla-La Mancha, donde el 36,7% de las personas dependientes fallecida vivía en una residencia. Dos comunidades destacan en el incremento de beneficiarios durante este año: La Comunidad Valenciana (11.029 nuevos beneficiarios, un 12,5% más) y el Principado de Asturias (2.737 nuevos beneficiarios, un 13% más que a principio de año). Y dos destacan negativamente la Comunidad de Madrid (-9.808 beneficiarios menos que a principio de año, un -6,8%) y La Rioja (-597 beneficiarios menos, un -7,2%).  

“Cuando nos acercamos al primer aniversario del nuevo gobierno y a los 15 años de la Ley de Dependencia, lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, es preciso adoptar medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país”, explican los directores sociales, que piden convocar “urgentemente” un Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos. “De la misma manera que se ha invertido en todos los sectores, es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia”, lamentan.

Esta financiación, explican, “debe comprometer” a los Gobiernos Autonómicos a acometer las reformas de su normativa necesarias para agilizar los trámites y eliminar las listas de espera. Es necesario simplificar y unificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones,...) para agilizarlos y permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis. Deben, además, aplicarse medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resoluciones administrativas. “Los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes”, concluyen.