El Gobierno de Castilla-La Mancha respeta la postura de la empresa Quantum de minería contra la decisión de esta comunidad de impedir el proyecto de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel. Afirma que la discrepancia entra “dentro de la normalidad” pero está decidido a frenar esta iniciativa tras meses de polémica desde que se concedieron los primeros permisos de explotación y comenzaron las movilizaciones protagonizadas por la Plataforma Sí a la Tierra Viva y numerosos colectivos ecologistas y sociales.
El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha detallado el anuncio realizado por el presidente, Emiliano García-Page sobre la paralización del proyecto. El Consejo de Gobierno aprobará un informe medioambiental, conocido como “documento de alcance”, previo al inicio del procedimiento administrativo que daría luz verde a los objetivos mineros de Quantum en esta comarca de Ciudad Real.
“No estamos en un procedimiento de autorización de minería de tierras raras, sino en fase previa y ese informe ambiental pone de manifiesto las dificultades ambientales que tendría el proyecto tal y como está redactado y previsto”, ha argumentado el consejero. Para ello, ha hecho referencia a los informes que se han ido conociendo a lo largo del año, como el de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) sobre la carencia de agua, o el del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre riesgo radiactivo.
Según Martínez Arroyo, ahora la Junta se suma a esos documentos poniendo sobre la mesa las dificultades encontradas para que pueda ser viable, entre ellas otras cuestiones como que la zona elegida sea hábitat común del lince ibérico o de parejas de águilas imperiales, así como que afecte a Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA).
“Son muchos condicionantes que manifiestan las dificultades ambientales que tiene el proyecto”, ha añadido, advirtiendo de que si la empresa lo presenta como tal, “es muy difícil que tenga viabilidad en Castilla-La Mancha, porque no la tiene desde el punto de vista ambiental”. Preguntado por si ello supondría el archivo de las actuaciones, ha insistido en que el documento que se aprobará es previo para “facilitarle a la empresa la tarea de hacer una evaluación de impacto ambiental”, pero “si insiste en mantener el proyecto como tal es muy probable que no tenga viabilidad desde ningún punto de vista”.
Precisamente, esta es la cuestión a la que se ha referido la Plataforma Sí a la Tierra Viva en su pelea contra esta iniciativa. El colectivo pide el archivo completo de todo el procedimiento, y dar así cumplimiento al mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha, que aprobaron una resolución en este sentido.