“Echamos de menos una regulación en la implantación de fotovoltaicas y corresponde al Ministerio”, asegura el Gobierno de Castilla-La Mancha

A Castilla-La Mancha “van a venir muchos más proyectos fotovoltaicos y con capacidad para 200 o 300 megavatios, con ocupaciones importantes de más de 2.000 hectáreas”. Así lo asegura el delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, Tomás Villarrubia, en declaraciones a elDiarioclm.es y por primera vez un miembro de este departamento del Gobierno regional reconoce preocupación por el boom fotovoltaico.

“Se están manejando ya proyectos de unas dimensiones importantes y en Castilla-La Mancha echamos de menos una regulación que ordene este tipo de proyectos”.

Hay casi una veintena de colectivos en la región, además de varios científicos, que vienen advirtiendo de la “avalancha” de proyectos para la instalación de plantas solares fotovoltaicas.

Hoy mismo, la Asociación Salvemos los Campos de Méntrida, en Toledo, denunciaba la “indefensión” de los vecinos ante posibles expropiaciones de terrenos y la “pasividad” de las instituciones.

Villarrubia ha reconocido que “es una problemática que están planteando los alcaldes de la zona norte de la provincia de Toledo, los más afectados por la presentación de proyectos fotovoltaicos, sobre todo los más próximos a la Comunidad de Madrid”, donde se sitúan los puntos de evacuación de la energía.

El delegado provincial explica que los alcaldes “me están pidiendo regulación” pero, en su opinión, “el competente sería el Ministerio para la Transición Ecológica que, al fin y al cabo, es el que tiene reservada para sí la autorización de los proyectos fotovoltaicos de más de 50 megavatios”.

Mientras tanto, Villarrubia sugiere a los alcaldes “utilizar sus propios mecanismos, es decir, las normas de planeamiento urbanístico” para frenar la desaforada proliferación de proyectos.

“El conflicto de intereses” para permitir parques solares… sin pasarse de frenada

Cree además que “existe un conflicto de intereses en los ayuntamientos y en los propietarios muy paradójico, que incluye un cúmulo de contradicciones. Es un quiero, pero no puedo”.

Por un lado, dice, el deseo de que estas empresas aterricen en el territorio dejando tras de sí hasta un 6% de pagos en impuestos.

“Para un parque de 50 megavatios estamos hablando del 6% de 25 millones de euros por el conjunto de impuestos. Al Ayuntamiento le hacen capitán general. A eso se suma que cada año recibirán más ingresos a través del BICES, los Bienes Inmuebles de Características Especiales, un 1,3% de la inversión”.

Por otro lado, dice el también alcalde de Orgaz, los alcaldes se ven en la tesitura de que sus zonas de cultivo se vean limitadas.

Después están los propietarios de los terrenos que optan por el alquiler o la venta a las fotovoltaicas. El rendimiento, asegura Villarrubia, es superior al que se obtiene por cultivos u otros usos. De hecho, del precio medio inicial que las fotovoltaicas estaban pagando (1.500 euros por hectárea/año), “se está pasando ahora a ofrecer hasta 2.500 euros por hectárea/año)”.

“Que la gente no piense que aquí se autoriza todo lo que se presenta”

En la tramitación de estos proyectos, asevera Villarrubia, la Junta de Castilla-La Mancha dispone de “mecanismo regulatorios para la autorización de estos expedientes y son muy exigentes. La tramitación es muy meticulosa y se hace de forma garantista para el ciudadano. Es larga en el tiempo, se tarda al menos dos años porque hay que consultar a todas las partes implicadas”.

Ni siquiera, añade, “el hecho de que se incluyan como proyectos prioritarios les va a eximir de cumplir la ley, la que afecta al sector eléctrico y la medioambiental. Hay zonas donde se plantean estos proyectos que son inviables”. Allá donde se autorizan, matiza, “se les exigen medidas compensatorias por los posibles efectos, no daños, en determinadas especies que vean afectado su hábitat”.

El delegado provincial es tajante: “Que la gente no piense que aquí se autorizan todos los proyectos que se presentan”.

También responde a la preocupación de la Asociación Salvemos los Campos, que teme una expropiación forzosa de terrenos. “Los proyectos declarados de utilidad pública tienen sus limitaciones. No todos pueden tener esa condición ni sustanciarse en expropiaciones si no hay un mínimo de acuerdo de los propietarios de las fincas, al menos un 70%. Si los vecinos no alquilan o no venden no cabe un expediente de utilidad pública”, aclara.

La línea de evacuación de este tipo de expedientes fotovoltaicos, añade, “lleva además todavía más restricciones medioambientales”.

Villarrubia explica, por otro lado, que “todavía no se ha presentado ningún expediente de Méntrida” en su departamento. “De momento están buscando el acuerdo de los propietarios”.