Los informes económicos y jurídicos desaconsejan remunicipalizar la ORA en Toledo

Toledo se encuentra en pleno proceso de adjudicación del nuevo servicio de la ORA que actualmente está en manos de la empresa Dornier, que lo ha venido gestionando durante 10 años. El contrato con esta empresa se encuentra en situación de prórroga desde el año 2015 y a la espera del definitivo pliego de condiciones técnicas y administrativas que permita definir y adjudicar el servicio.

En mitad de este proceso surge una pregunta: ¿Es posible la gestión directa por parte del Ayuntamiento del servicio de la ORA en Toledo? Existen antecedentes. En el año 2014, la Corporación Municipal aprobó la proposición del Grupo Municipal IU, capitaneado entonces por Aurelio San Emeterio, para que la Concejalía de Hacienda y la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda elaborasen sendos informes sobre la manera “más ventajosa” de gestionar un servicio cuyo contrato externalizado tocaba a su fin. Se pidió también otro estudio a Intervención Municipal sobre la sostenibilidad financiera de cada una de las alternativas.

No se fue a más, entre otras cosas porque los informes de los técnicos municipales lo desaconsejaban, al no acreditarse ni los medios personales o materiales ni la solvencia necesaria para gestionar el servicio con un obligado Plan de Ajuste Municipal que impedía acceder a crédito extra. Llegaron las Elecciones y se produjo un cambio en el Gobierno municipal.

Ya en enero de este 2017, el concejal de Ganemos, Javier Mateo, solicitó un informe actualizado al Servicio de Intervención Municipal sobre tres opciones de gestión de la ORA muy concretas: gestión directa por parte del Ayuntamiento, gestión directa pero a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo (EMV) o las posibilidades de crear una nueva empresa pública.

Al margen de la gestión indirecta (la que ahora realiza Dornier), las tres opciones son posibles con una ‘pega’ fundamental: el techo de endeudamiento al que, desde el año 2012, están sometidas las entidades locales, en virtud de los límites de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que marca el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro. La crisis sigue pasando factura.

El contrato con Dornier, a fecha 2013, le supone a las arcas municipales un gasto de 2,9 millones de euros al año. La recaudación líquida en 2016 superó los 3,4 millones. El nuevo modelo de gestión directa que propone Ganemos no solo debería mejorar esos datos sino al menos igualarlos y todo eso sin saltarse el techo que impone el Gobierno central y sin poner en peligro la sostenibilidad de la Hacienda municipal.

Ni siquiera existe un diseño previo sobre la tipología de las plazas de aparcamiento. ¿Mantener el actual o elaborar un nuevo sistema? No es un tema baladí: a mayor número de residentes, menor recaudación, de ahí la importancia de conocer previamente la estructura del servicio para evaluar su viabilidad. Y en esa estructura, no solo hay que hablar de las plazas de aparcamiento, sino de trabajadores. ¿Qué ocurriría con las personas que controlan la ORA? ¿Habría o no subrogación? Eso implicaría que los trabajadores pasarían a ser parte de la plantilla, bien del Ayuntamiento, bien de la empresa municipal que se ocupase de la gestión del servicio. Es decir, un gasto de personal añadido. No obstante, habría una segunda alternativa: habilitar un proceso municipal de reconversión de empleados municipales a nuevas tareas como controladores de aparcamiento. No habría subrogación entonces de los actuales empleados de la ORA, lo que, por otro lado, previsiblemente conllevaría un conflicto socio-laboral.

Las dificultades de gestión desde una empresa municipal

Otra de las cuestiones en el aire es si crear una empresa municipal nueva o encargar la gestión del servicio a la Empresa del Suelo y la Vivienda de Toledo (EMV). El primer caso estaría descartado si tenemos en cuenta los límites de gasto para el Consistorio. Por otro lado, la gestión de la ORA a través de una empresa municipal es la única que presenta inconvenientes tributarios: al no poseer personalidad jurídica propia, tendría que ser la Tesorería municipal la que ingresase directamente la tasa.

En cuando a una encomienda de gestión a la EMV no se plantearía tampoco como posible porque no se cumplirían los requisitos que establece la Ley de Contratos de los Servicios Públicos, dado que esta empresa municipal no dispone de medios propios para llevarlo a cabo.

Además, la única forma para financiar a esta potencial ‘empresa municipal de la ORA’ sería que el Ayuntamiento liberase una transferencia a su favor para soportar el 100% de su gestión. En el caso de que la gestión fuese asumida por la EMV, a esta empresa se le cerraría la vía del préstamo para financiar inversiones mientras no regularizase otras ya preexistentes. Así lo exige el Ministerio de Hacienda.

Se abre un laberinto jurídico y económico que dificulta para hacer efectivo el deseo de la remunicipalización y con casi todas las cartas de la baraja en contra. Según ha podido saber eldiarioclm.es, tanto los informes económicos como jurídicos emitidos por distintos órganos del Consistorio toledano a petición del Grupo Municipal Ganemos no son favorables al proceso de remunicipalización en este momento.

Y es que un cambio de esta magnitud, según sugieren los expertos municipales, debería no solo justificar las causas de interés público sino también una financiación suficiente, sostenible y adecuada al actual marco legal.

Los casos de Ciudad Real y Alcázar de San Juan

La remunicipalización de este y de otros servicios públicos externalizados no es una idea nueva en Castilla-La Mancha o en otros puntos del país en la presente legislatura. Y es, en particular, una de las apuestas programáticas de Ganemos, socio de Gobierno de Milagros Tolón en el Consistorio.

Hay que recordar que el techo de gasto para las entidades locales ya fue la razón principal por la que fracasó el intento de remunicipalizar distintos servicios en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Y que en Alcázar de San Juan, también en esta provincia, los intentos por parte del Ayuntamiento para remunicipalizar la gestión del servicio del agua, ahora externalizado, podría acabar en los tribunales.