Las conversaciones entre PSOE y Podemos para lograr un acuerdo de gobernabilidad en Castilla-La Mancha, tras las elecciones autonómicas del 24 de mayo, coinciden con uno de los periodos más complicados en el sector de la educación pública. Durante los meses de junio y julio comienza a realizarse la programación del próximo curso y también se aprueba la previsión de plantillas. Ante el previsible cambio de signo político en la región, tras cuatro años de Gobierno de María Dolores de Cospedal, muchos de estos temas están paralizados y pendientes del futuro pacto entre las dos fuerzas políticas progresistas.
Así lo manifiestan desde los sindicatos de educación consultados por eldiario.es/clm, que han mostrado su preocupación por que estas conversaciones puedan alargarse hasta finales de julio, mientras en el sector educativo, “nadie sabe muy bien qué hacer”, según el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE-CLM).
Todavía tienen que aprobarse los decretos de aplicación del calendario de la LOMCE para Educación Secundaria, en los que se prevé una modificación de las plantillas en los centros públicos. Hay por ello “muchos compañeros” que no saben si tendrán que desplazarse o no durante el curso que viene. “En ese sentido está todo paralizado y no se sabe cómo hacer los cupos de profesorado, porque es entre junio y julio cuando se estructura toda la plantilla”, señalan desde este sindicato.
Algunos equipos directivos de institutos de la región han realizado peticiones de información por escrito al Gobierno regional para saber cómo abordar esta cuestión, pero al estar el Ejecutivo en funciones, no ha habido ninguna respuesta. “Salvo aprobar el calendario escolar para el próximo año, prácticamente no se puede hacer nada más. Todo el profesorado de educación pública se encuentra en total indefensión”, afirma STE.
Otros problemas añadidos son las elevadas ratios de alumnos por profesor, así como las horas de docencia directa con el alumnado, que también deben preverse por estas fechas. Reducir estos índices está en los programas electorales de PSOE y de Podemos y si finalmente se llevara a cabo “habría que hacer una redistribución de plantillas”. Mientras, todavía hay gente que se encuentra en expectativa de destino desde las últimas oposiciones a Secundaria (hace cinco años), lo que se une a la convocatoria del próximo 20 de junio, “que tendrá que ajustarse” a nuevos parámetros si se eliminan los recortes de septiembre de 2011. “Son cuestiones que deben abordarse ya, con urgencia, sin dilatarlas más en el tiempo”.
Derogar los recortes “lo más pronto posible”
A estos recortes se han referido también desde el sindicato independiente ANPE. La derogación de los mismos es esencial “lo más pronto posible” para este sindicato. “Es necesario que de una vez por todas se deje claro que hay que convertir la educación en el centro del debate político, aunque sea con un pacto de mínimos, y dentro de ello es aún más urgente la derogación de los decretos de recortes de septiembre de 2011, que resultaron muy perjudiciales para este sector”, reclaman. De hecho, quieren algo más que la derogación: la reposición de todos los derechos perdidos por parte de los docentes, incluido el dinero que han dejado de ingresar por los recortes.
ANPE calcula que durante toda la legislatura se han acumulado, como mínimo, más de 1.000 plazas de profesores que hay que cubrir “con carácter urgente”. Y a ello une la reducción “urgente” de la ratios, pero “no volver a donde estaban antes, sino que sigan bajando”. Otros sindicatos como CCOO o UGT cifran este déficit en más de 3.000 profesores.
“Ha habido un esfuerzo muy grande durante estos años por parte del profesorado, lo que ha supuesto un claro desgaste y el hecho de que actualmente se encuentre desmotivado, lo que va en perjuicio de los alumnos y de la propia calidad educativa. Es tan sencillo como volver a prestigiar la educación pública, defenderla frente a la concertada y que cumplan todo lo que han dicho en sus programas electorales”, concluyen desde este sindicato.
CCOO ha resumido por su parte en un documento todos los recortes aprobados por el Gobierno de Cospedal en los últimos cuatro años. Entre los primeros de ellos, en septiembre de 2011, se encuentra el aumento de tres horas lectivas y posterior reducción de plantillas, desdobles y apoyos entre las plantillas ya existentes, desaparición de los 33 centros del profesorado sustituyéndolos por uno único, eliminación en concepto de vacaciones de julio y agosto para los docentes interinos que hayan realizado sustituciones de más de cinco meses y medio, supresión de la convocatoria de año sabático, y supresión de auxiliares de conversación. A todo ello se ha unido posteriormente, entre otras cosas, un progresivo recorte presupuestario en educación, y la falta de convocatoria pública para profesorado durante cinco años.