Como la Administración Pública no puede ceder datos a empresas privadas de sus ficheros de archivos por la Ley de Protección de Datos, directamente desde la Junta se les está haciendo el trabajo y para que no sea ilegal, ellos mismos, con los correos de los organismos oficiales, están enviando publicidad de empresas privadas a centros públicos. Concretamente los 2.700 directores de colegios de la región han recibido dos ofertas durante septiembre de empresas privadas para que contraten sus servicios desde la Consejería de Educación.
Las ofertas son de realización de actividades extraescolares por parte de una empresa ubicada en Madrid para los centros educativos de la región, y la otra es una granja-escuela que va a abrir próximamente en la provincia de Toledo y ofrece cursos en inglés a los alumnos para que visiten las instalaciones apuntalando su plan educativo en el bilingüismo de la nueva ley de educación (la Ley Wert).
El correo enviado desde la Consejería de Educación contiene la publicidad de los centros y un folleto de las actividades. La propia Consejería ha reconocido la práctica y que envía publicidad de empresas privadas admitiendo que lo hace “para que tengan más comodidad”. De hecho se pide a los directores, que se les envía a su correo del centro y personal, que anuncien estos cursos entre su profesorado para que los contraten.
La Consejería considera que como es ilegal cederles los datos por dicha ley a las empresas, se encargan de contactar ellos con los colegios “para que no tengan que buscar por internet las direcciones uno a uno de cada uno de ellos”, con lo que ejercen de intermediarios publicitarios, aludiendo además que es una práctica habitual de todas las Consejerías y que entra dentro de lo normal. “Pero no ponemos ni una coma de más desde Consejería al texto que nos manda la empresa, que además siempre es relacionada con el sector educativo”.
No obstante los mensajes y correos llevan el sello del gabinete de la Consejería y se envían desde la dirección oficial de correo.
Los profesores han querido mostrar su malestar porque les envíen propaganda de empresas privadas y de cursos de pago desde la propia Consejería en el comienzo de curso cuando los recortes han causado estragos entre la planificación escolar del curso. No es una práctica ilegal pero sí alegal que atenta contra el espíritu de la Ley de Protección de Datos.
Al remarcar la prohibición de ceder datos desde Administraciones Públicas a empresas privadas la Junta también reconocería de facto prácticas que está realizando que son ilegales, como por ejemplo la cesión de datos clínicos que realiza la gerencia del hospital de Cuenca a empresas privadas.