La nueva medida, que ha sido promocionada como una iniciativa pedida directamente desde la población o de austeridad para frenar los excesivos gastos de la Cámara regional, ha reducido el número de diputados a 33, mismo número que en la Comunidad Autónoma de la Rioja. Más allá de las intenciones detrás de la medida, que le han valido el calificativo de 'pucherazo', una de las principales consecuencias de la reforma electoral es a qué se reducen las terceras fuerzas políticas, como es el caso de Izquierda Unida, Podemos, Equo o UPyD.
Actualmente en las Cortes de Castilla-La Mancha hay 49 diputados (la ley que también se aprobó en su día en 2012 que pasaba los diputados de 53 nunca se llevó a la práctica en unas elecciones; no se comprende por qué hace dos años, con una crisis quizá aún mayor en la región, se decidió subir el número de parlamentarios y no bajarlo). De ellos, 25 son del PP y 24 del PSOE. Es decir, mayoría absoluta.
Usando como referencia los resultados de las elecciones europeas, el Parlamento autonómico, antes de aprobarse esta nueva ley, quedaría con una victoria del PP pero sin mayoría absoluta, a 2 escaños de conseguirla. El PSOE conseguiría 17 diputados, y lo más destacable sería la entrada en el Parlamento de Izquierda Unida, UPyD y Podemos, las tres formaciones con 4 escaños. Para que el PP no gobernase en la región sería necesario que todos los partidos llegaran a un acuerdo de gobierno. Este esquema político dejaría al partido de Cospedal con necesidad de pactar con alguna formación para poder repetir presidencia de la Junta.
Sin embargo, con esta nueva ley electoral, con los mismos resultados, el PP sí obtendría mayoría absoluta en el hemiciclo, incluso holgada, a pesar de no tener ni el 40% de los votos. Ni siquiera necesitaría ser el partido más votado en la región para gobernar: obteniendo entre el 34 y 35% de votos, el PP tendría mayoría absoluta, y un partido que no obtenga como mínimo entre el 12 y el 14% de votos en una provincia no tiene posibilidad de tener ni un escaño. Los castigados de esto, lógicamente, son los partidos pequeños: Podemos queda fuera del Parlamento así como UPyD, mientras que Izquierda Unida entra pero con sólo dos diputados, a diferencia de los cuatro con los que contaba.
Además, mientras que antes el reparto de escaños por provincias era fijo, ahora será alterable: es decir, según la cantidad de población, cada provincia tendrá determinado número de diputados. Pero hasta tres meses antes de las elecciones, no se sabrá qué provincia tendrá cuantos diputados, lo que permite al PP (con su mayoría absoluta) elegir donde quiere que se escojan más diputados o menos, por libre disposición. Con el reparto demográfico de Castilla-La Mancha actual, Toledo debería tener 9 diputados, Ciudad Real 8, Albacete 6 y Cuenca y Guadalajara 5.
Una hipotética unión entre Podemos, Izquierda Unida y EQUO sí podría hacer tambalear la mayoría absoluta del PP. Si los tres partidos se presentaran juntos a los comicios (y siempre según los resultados de las europeas), conseguirían hasta 5 escaños. En algunas provincias necesitarían además sumar los votos de algunos partidos de izquierdas más, como el Partido Pirata, Partido X o el partido RED. En tal caso, el reparto sería de 16 escaños para el PP, 12 para el PSOE y 5 para la hipotética coalición. Es decir, un pacto entre PSOE y esta hipotética coalición arrebataría la mayoría al Partido Popular. Es la única posibilidad, dentro de las cábalas, permitiría quitar al PP una mayoría absoluta hecha perfectamente para ellos.
Como dato curioso, destacar por último el castigo que supone para los partidos pequeños la existencia de circunscripciones, como ocurre en las elecciones generales, por ejemplo. En un parlamento autonómico donde el voto de cada castellano-manchego contase lo mismo, UPyD y Podemos conseguirían dos escaños, y el Partido Popular no tendría mayoría absoluta. Las circunscripciones eliminan esos partidos y aportan al PP y al PSOE un saldo extra de 7 diputados (3 por los populares, 4 por los socialistas).