Rehabilitación energética: una necesidad, una oportunidad

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria en nuestro país ha traído aparejada la práctica paralización del sector de la construcción, en un movimiento de péndulo que ha provocado el agravamiento de la crisis y del desempleo, no sólo entre los profesionales de la construcción sino en las industrias dependientes.

Pero lo cierto es que sigue habiendo necesidad de vivienda asequible, de mejora del parque residencial existente para hacerlo seguro, confortable y de consumo de energía casi nulo (entendido como una combinación de menos consumo, generación propia y autoconsumo), si hemos de cumplir los objetivos de eficiencia energética marcados para la unión europea en el horizonte 2020 y pretendemos reducir nuestra dependencia energética exterior. Esto se ha convertido en un imperativo, tanto por razones medioambientales como económicas y sociales, para evitar que siga aumentando lo que se denomina como “pobreza energética” de los hogares y que afecta ya a uno de cada cinco, según datos del INE.

Pequeñas mejoras energéticas, por ejemplo en el aislamiento o en la envolvente del edificio, además aumentar el confort, pueden llegar a reducir el consumo de energía en las viviendas hasta un 50%, con un importante ahorro económico. El sector residencial representa el 17% de la energía que consume todo el país por lo que el ahorro puede reducir las emisiones de CO2 y disminuir la dependencia energética.

En este año todos los estados miembro de deben cumplir la obligación marcada en de eficiencia energética de presentar sus estrategias nacionales para movilizar inversiones para la renovación de los edificios existentes residenciales y comerciales. La Comisión ha previsto que en el marco financiero plurianual de se incremente el apoyo a estas políticas, por ejemplo destinando hasta el 20 % de los fondos FEDER a este fin.

Todo ello supone un desafío para el sector y una oportunidad para su reactivación y la creación de empleo cualificado, que las administraciones deben potenciar aprovechando los recursos existentes, estimulando la participación privada y creando mecanismos de financiación.

El presidente de de (CNC), Juan Lazcano, pedía hace unos días la colaboración de la banca para aportar financiación a un plan de rehabilitación de viviendas que podría movilizar, según sus previsiones, unos 5.000 millones y abrirse al capital privado. Lazcano apuntaba que constructoras y empresas de energía podrían sufragar las reformas en edificios a cambio de contratos de suministro o de espacios aprovechables.

En esta misma línea el Grupo de Trabajo de Rehabilitación, creado hace tres años por arquitectos, financieros, técnicos en eficiencia y cargos de empresas para impulsar la rehabilitación energética en edificios en España, ha hecho público su tercer informe titulado “Estrategia para : claves para transformar el sector de la edificación en España”. La novedad de este informe es que analiza las oportunidades del sector terciario para la rehabilitación (oficinas, centros comerciales, hoteles, centros deportivos…). Su conclusión es que en solo 10 años se puede amortizar el ahorro de entre un 35 y un 50% de la energía en el conjunto de edificios no residenciales; dándose los porcentajes de ahorro más altos en hospitales y oficinas (50%).

En 2012, este Grupo ya lanzó un Plan de Acción para rehabilitar 10 millones de viviendas principales construidas antes de 2001 en España y crear 150.000 nuevos empleos directos estables y de calidad. En muchos casos la inversión en rehabilitación energética puede retornarse con los ahorros obtenidos en la factura de energía de la vivienda pero además los expertos hablan de una “Plusvalía Verde”, es decir el incremento que se produce en el precio de aquellas viviendas energéticamente más eficientes. Además existen retornos en actividad económica que justificarían el apoyo de la Administración y el Grupo de Trabajo refuerza la idea indicando que el apoyo público requerido para crear cada nuevo empleo en rehabilitación de hogares españoles es de 13.500 a 14.500 euros, mientras que el coste medio del subsidio de un parado es de unos 19.991 euros anuales.

En Andalucía lo tienen claro. Su gobierno autonómico prepara un Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación que pretende intervenir en la rehabilitación energética de 94.700 viviendas hasta 2020, movilizando 775 millones de euros de fondos europeos y otras aportaciones públicas y privadas. Con ello pretenden que el sector de la rehabilitación crezca y se generen más de cien mil empleos, con más estabilidad y calidad que en la obra nueva.

Confiemos en que en Castilla-La Mancha el nuevo Plan regional de Vivienda que está a punto de ver la luz apueste también por estos objetivos.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria en nuestro país ha traído aparejada la práctica paralización del sector de la construcción, en un movimiento de péndulo que ha provocado el agravamiento de la crisis y del desempleo, no sólo entre los profesionales de la construcción sino en las industrias dependientes.

Pero lo cierto es que sigue habiendo necesidad de vivienda asequible, de mejora del parque residencial existente para hacerlo seguro, confortable y de consumo de energía casi nulo (entendido como una combinación de menos consumo, generación propia y autoconsumo), si hemos de cumplir los objetivos de eficiencia energética marcados para la unión europea en el horizonte 2020 y pretendemos reducir nuestra dependencia energética exterior. Esto se ha convertido en un imperativo, tanto por razones medioambientales como económicas y sociales, para evitar que siga aumentando lo que se denomina como “pobreza energética” de los hogares y que afecta ya a uno de cada cinco, según datos del INE.