El encierro en Alcázar: “Once no pueden decidir por el agua de once mil”
Una concentración que empezó con 50 personas, a las que se han unido consejales de iniciativas políticas como el PSOE o Izquierda Unida y se han unido más y más ciudadanos durante el día, es la respuesta de una comunidad en contra de la privatización del agua. La Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar de San Juan comenzó la iniciativa para exigir la convocatoria de una Consulta Popular, avalada por más de 11 mil firmas, para cambiar la gestión de la empresa municipal Aguas de Alcázar. La continuidad de las negativas por parte de la oficina municipal, en la que se negaron iniciativas como la convocatoria de un Pleno Extraordinario el jueves 20 de febrero para alcanzar un acuerdo respecto a la gestión de las aguas, ha llevado a esta organización a proclamar un encierro que durará, por lo menos hasta el viernes.
El alcalde y miembros del Ayuntamiento como el Concejal de Seguridad Ciudadana han hecho un llamado para que los alojantes evacúen el edificio, pero los ciudadanos han desoído las órdenes, si bien sólo una treintena de representantes de la Plataforma pasará la noche en el edificio oficial. Izquierda Unida de Alcázar de San Juan ha hecho público a través de Facebook como la Policía rodea el edificio para evitar que más ciudadanos se unan a la concentración durante la noche. La iniciativa política ha llamado a los ciudadanos a que se acerquen al Ayuntamiento a partir de las 9 de la mañana del miércoles para seguir con la concentración ciudadana y conseguir que el consistorio reaccione ante las peticiones ciudadanas por el manejo del agua. Personalidades políticas como Rosa Melchor del PSOE han hecho público su apoyo ante la concentración, y su oposición ante la gestión municipal del problema, aclarando que se hará todo lo posible para que las aguas sigan siendo un bien 100% público.
La Plataforma surge en la localidad ante el estudio del cambio de gestión de las aguas de pública a capital público-privado, en el que el socio privado pasaría a controlar el 52% de las personas, comunicado en julio de 2013. Ante esta situación, los ciudadanos se unieron en este movimiento para asegurar que el agua de la localidad se mantenga pública, y que su gestión sea transparente e impedir así cualquier manipulación por parte de cualquier partido político.
