Desde las cuatro de la tarde hasta casi medianoche de ayer domingo han estado reunidos los representantes de la dirección de Elcogas, empresa ya oficialmente cerrada y desconectada, y el Comité de Empresa y sus secciones sindicales de CCOO y UGT. Ocho horas que no han servido para llegar a un acuerdo en torno a las condiciones de despido de los trabajadores de la planta de Puertollano. Al finalizar el plazo de consultas, el ERE extintivo pasa ahora a manos de la autoridad laboral, para que decida sobre el mismo.
Según apunta el Comité de Empresa, la negociación de los trabajadores se ha basado en evitar la pérdida de empleo, aunque según apuntan “ya se veía la mala fe” de la empresa cuando inició el periodo de consultas sin tener aún la respuesta del Ministerio sobre el plan de viabilidad, que posteriormente rechazó.
“Hemos visto claramente la falta de voluntad negociadora y la reiterada mala fe de la empresa y sus asesores cuando han cerrado unilateralmente la negociación, rechazando nuestra propuesta social en su totalidad”, añaden, precisando que con ello se niega la posibilidad de prolongar el periodo de consultas para llegar a un acuerdo, tal y como era su objetivo.
Pese a todo, el Comité de Empresa manifiesta su intención de seguir defendiendo el plan de viabilidad de la compañía que es “la apuesta de futuro para Elcogas”, aunque dudan de que los accionistas “trabajen en la misma dirección”. Es más, afirman que las recolocaciones que menciona la compañía “son mentira” ya que solo se comprometen a las ofertas públicas del tablón de anuncios de estas empresas eléctricas y a “posibles” recolocaciones dentro de un nuevo e hipotético proyecto en Elcogas. Lo consideran una “falacia” cuando “no se comprometen ni con el número de trabajadores, ni con sus condiciones laborales”.
Por eso, afirman que no cejarán en el empelo de seguir defendiendo los puestos de trabajo ya la continuidad de la Central Térmica “más avanzada de Europa”, así como de la actividad industrial de la comarca de Puertollano.
La última propuesta de la dirección de la empresa a los sindicatos incluía indemnizaciones de 30 días de salario por año trabajado con un límite de 18 mensualidades para los trabajadores de hasta 60 años, lo que supone, aseguran, diez días más y seis meses más que lo establecido por la legislación laboral. Además, ofrecía una prejubilación con el 70% del salario para los trabajadores que tengan entre 60 y 63 años. Para los mayores de 63 años plantea una indemnización de una anualidad.