“La situación de las escuelas infantiles ahora mismo es administrativamente irregular”. Así de contundente se muestra la concejal de Ahora Guadalajara en el Ayuntamiento de la capital alcarreña, Susana Martínez, sobre la gestión que el Gobierno municipal está haciendo de las guarderías de la ciudad. “Un servicio privado, caro y mal gestionado”, según Martínez, que se ha convertido en el caballo de batalla para la la oposición en este Consistorio, gobernado por el PP.
Éste es el argumento que motivó al grupo de confluencias de izquierda para presentar una moción al Pleno con el fin de abaratar las tarifas de las escuelas infantiles un 15%. La moción se debatió el pasado 3 de marzo y salió adelante con la única oposición del Grupo Popular. Sin embargo, el equipo de Gobierno sostiene que no puede materializarla porque ya está en trámite la adjudicación de este servicio para los próximos dos años.
Para entender el deterioro de las escuelas municipales en Guadalajara capital, hay que remontarse a septiembre de 2016. Fue entonces cuando venció el contrato de cuatro años con la empresa encargada hasta el momento de las escuelas infantiles, Servicios Infantiles Dulcinea. Al nuevo concurso de adjudicación se presentaron dos candidatas, Gestión de Escuelas Infantiles y la misma que había ostentado el contrato hasta ese momento.
En este punto comenzaron las irregularidades, según Ahora Guadalajara. La empresa que se impuso en el concurso público, con 280 puntos frente a los 182 de su competidora, se retiró de la adjudicación. La razón fue que, en el pliego de condiciones, el Ayuntamiento no había informado de la situación de deuda que la anterior empresa arrastraba con las trabajadoras. En total, un agujero de 22.191 euros. Así que la obligación de la concesionaria de hacerse cargo del personal provocó que la empresa Gestión de Escuelas Infantiles se retirara del proceso. El concurso quedó desierto, ya que la otra compañía, sorprendentemente, no había presentado la documentación requerida por el Consistorio.
La solución adoptada entonces por el Gobierno municipal para solucionar este vacío consistió en contratar a la única firma que quedaba en liza con un contrato menor de dos meses como máximo, hasta noviembre. Este contrato “se ha prorrogado forzosamente desde entonces” –según Susana Martínez- hasta que se convoque este año un nuevo concurso para gestionar el servicio para los próximos 24 meses.
Dos centros municipales
La ciudad de Guadalajara cuenta en la actualidad con dos escuelas infantiles: una ubicada en el barrio de Los Manantiales y otra, conocida como Alfanhui, situada en la zona de Aguas Vivas, uno de los barrios surgidos a raíz del crecimiento urbanístico. Ambos centros son de titularidad municipal.
Ofrecen en total 190 plazas para niños de 0 a 3 años con servicio de desayuno y comida por una tarifa de 300 euros mensuales, un precio muy similar al de las guarderías privadas de la ciudad, que rondan los 320 euros. El hecho de que tengan el coste más elevado hace que no se cubran todas las plazas porque hay muchas familias en situación económica vulnerable que no se puedan permitir abonar este servicio de educación para sus hijos. “Creemos que las escuelas infantiles deben ser accesibles para todos. Apostamos por que se apliquen criterios progresivos en las tarifas atendiendo a la renta de las familias”, explica Martínez, quien, por su profesión de educadora infantil, se muestra partidaria de utilizar el término “escuelas infantiles” y no “guarderías” para referirse a estos centros.
El espejo en el que se mira este grupo es el del Ayuntamiento de Madrid, que recientemente aprobó una reducción por tramos de hasta el 78% de las tasas de las guarderías municipales, de acuerdo con el nivel adquisitivo de los beneficiarios del servicio. De esta manera, una familia que tenga una renta inferior a 5.644 euros per cápita pasará de pagar 64 euros al mes a 14. La iniciativa, planteada para hacer más accesible esta prestación a las familias más vulnerables, se aplicaría primero a los centros públicos y podría extenderse en un futuro a las guarderías que funcionan en régimen de cooperativa.
En Guadalajara, si comparamos la tarifa general de 300 euros, incluida la subvención regional, con la ofrecida en la escuela infantil de la Junta, la diferencia es de 120 euros mensuales. En el caso de los municipios cercanos, la brecha llega a alrededor del 17%. En Marchamalo asciende a 276 euros cada mes; en Azuqueca de Henares, a 262 euros; y en Cabanillas del Campo se reduce a 245 euros.
Verónica Renales, concejal de Bienestar Social, recuerda que “hay que rebajas” en las tarifas, en concreto, de un 10% para familias numerosas y un 15% para familias que tengan otros hijos matriculados en estos centros. En todo caso, advierte de que “ya no se pueden modificar las tarifas” porque “los pliegos de contratación ya están en funcionamiento”, es decir, que el trámite ya está en marcha y no es posible operar ningún cambio de este calado.
Mantenimiento deficiente
Pero el problema que ha provocado las quejas de algunos de los padres que llevan allí a sus hijos no se reduce al elevado coste de estas escuelas. Dado que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene privatizado el servicio de guarderías, tan solo le queda encargarse de la administración y el mantenimiento de sus infraestructuras. La oposición denuncia que el equipo de Antonio Román no se ocupa “ni de lo uno ni lo otro”.
El escaso mantenimiento de las instalaciones, con episodios de goteras o deficiencias en el funcionamiento de la calefacción, es una asignatura pendiente que el Consistorio sigue sin resolver. En el centro de Los Manantiales, construido en 1996, “no se ha acometido desde entonces ninguna mejora de mantenimiento por parte de la empresa ni el Ayuntamiento ha hecho las obras que estaban previstas desde el pasado verano, por lo que su estado de conservación no es el mejor”, asegura la edil de Ahora Guadalajara.
Además, las condiciones de alimentación de los pupilos -que consiste en un catering frío semanal traído por la concesionaria desde Ciudad Real- está también en el punto de mira de la oposición y de los usuarios del servicio. Desde la Concejalía de Bienestar Social “hubo un compromiso con las familias para cambiar el menú de frío a caliente y de semanal a otro diario para este curso, que tampoco se ha cumplido”, asevera Martínez.
La edil capitalina de Bienestar Social, en cambio, admite la deuda de la empresa con el personal aunque rechaza la crítica generalizada a la gestión de las escuelas municipales vertida por la oposición. “El Ayuntamiento está exigiendo el pago de la deuda a la concesionaria, que es de 12.000 euros, pero la responsabilidad es de la empresa. En cualquier caso, el servicio se está prestando dentro de la legalidad y tanto los técnicos como los inspectores de sanidad no han detectado ningún problema acerca de las instalaciones o del menú frío”, subraya Renales.
Sin embargo, tanto el PSOE como Ahora Guadalajara –Ciudadanos también se ha sumado, aunque con matices, a estas críticas- consideran que la administración de las escuelas municipales es “un desastre”. De ahí la unión de estas tres fuerzas políticas en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara para darle la vuelta a esta situación.
Renales, en cambio, considera que “la rebaja de precios propuesta no es posible ahora. Es una moción extemporánea, porque los pliegos ya están en funcionamiento. Sería posible, en todo caso, dentro de dos años cuando se renueve el contrato”. Un paso administrativo que no va a hacer que el asunto caiga en el olvido para los grupos de la oposición. “Las circunstancias que nos han llevado hasta aquí como el impago a las trabajadoras no han sido solucionadas todavía por el ayuntamiento”, puntualiza Susana Martínez.
Ahora Guadalajara considera que la mejor manera de solucionar los problemas que arrastra la gestión de las escuelas municipales es remunicipalizando este servicio y asumiendo a las trabajadoras como personal laboral del Ayuntamiento. De esta forma, a juicio de esta formación, “se haría prevalecer la calidad del servicio frente al beneficio” de la empresa de turno. Esta opción, en todo caso, está totalmente descartada por parte del Gobierno municipal del PP.