Un pleno extraordinario ha resuelto el procedimiento de liquidación del contrato con Aqualia para la prestación del servicio del ciclo hidraúlico de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tras la nulidad del acuerdo de adjudicación que dictaminó el Tribunal Supremo. El Consistorio afirma que llega así a su fin la batalla jurídica que durante ocho años ha mantenido el Ayuntamiento con la empresa para recuperar la gestión del agua pública, que privatizó en 2014 el gobierno municipal del Partido Popular. Con ello, la empresa pública Aguas de Alcázar recupera la gestión una vez se culmine el proceso en la notaría y en el registro.
El pleno ha facultado a la alcaldesa, la socialista Rosa Melchor, para la firma del acuerdo transaccional al que se ha llegado con la empresa: una “retirada pacífica negociada” que costará alrededor de 5,6 millones de euros que se refieren al valor nominal de las acciones (66.111 euros), prima de emisión (un millón de euros), participación de Aqualia en las reservas (13.200 euros), cantidad préstamo del canon anticipado (1,7 millones), la cantidad pendiente de préstamo (2,5 millones).
En su intervención, la alcaldesa ha subrayado que con este acuerdo Alcázar de San Juan está de enhorabuena, porque se recupera “lo que es nuestro”, demostrando que la venta-regalo que el Partido Popular hizo a Aqualia, “con mentiras y a espaldas de los vecinos” ha sido “un fracaso”. “Gracias a esta lucha al tesón, lo que hoy se aprueba es un éxito colectivo y democrático”, ha recalcado. También ha lamentado poder estar acompañados en el salón de plenos por todos los vecinos y vecinas “que no han bajado los brazos, que han creído que la recuperación de aguas era posible, pero seguro que vamos a tener tiempo de organizar actos para celebrarlo”.
Se cumplen ocho años de uno los acontecimientos más “notorios y vergonzosos de la democracia”, ha referido Melchor, como fue la firma de este contrato con Aqualia. “Pero el pueblo respondió y miles de vecinos se echaron a la calle para protestar a ese gobierno, que no les escuchó e ignoró a quienes acudimos, y a quienes se encerraron en el ayuntamiento, la casa de todos”. También ha preguntado al nuevo jefe de la oposición, Eduardo García (PP), si el volvería a vender la empresa y ha recordado a María Jesús Pelayo (entonces en el PP y ahora en VOX) que aunque milite en un partido distinto era “la mano derecha de quien firmó la venta”, en referencia al exalcalde, Diego Ortega.
“El éxito de este gobierno ha sido recurrir a los tribunales cada vez que se ha podido para conseguir devolver las aguas a sus legítimos propietarios. Terminaba queriendo agradecer a todos aquellos que creyeron que era posible y a los que nos han recriminado que no habíamos recuperado aguas, porque ha servido de estímulo en la lucha. Es un éxito colectivo de la democracia y de los vecinos y vecinas”.
Por su parte, la edil de IU Maribel Ramos ha mostrado su satisfacción y alegría “porque también queremos que las aguas sean públicas y siempre hemos apoyado”. Según ha recordado, la empresa Aguas de Alcázar tiene acreditada solvencia, “a pesar de lo que el PP intentó demostrar”. Asimismo, ha querido dar las gracias a la defensa que ha hecho la Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar porque el agua es “un derecho público y requiere una gestión pública y directa”. Por Equo, Elisa Díaz consideraba el agua como bien público por lo que existe “la obligación dejarlo en el mejor estado para las próximas generaciones y ha recordado procesos remunicipalización parecidos que se están dando en ciudades importantes de otros países como París o Berlín.
Desde Ciudadanos, Sánchez de Pedro se ha mostrado a favor de lo que quieran los vecinos de Alcázar de San Juan. “No sabemos lo que quiere la mayoría pero al menos los que se han hecho oír son los que quieren recuperarla. Somos conscientes de que se ha levantado mucha polémica y batallas que no han estado exentas de demagogia. Nosotros defendemos que el servicio sea bueno y pensamos que a muchos vecinos lo que quieren es que el agua les llegue al grifo”.
Vox: el lucro cesante
Por Vox, María Jesús Pelayo ha preguntado sobre el “concepto de lucro cesante” que cree que la empresa va a reclamar y que, según sus valoraciones, “nos volvería a meter en una larga batalla en los tribunales”. Y desde el PP, Eduardo García ha dicho que no va a pedir perdón por haber “salvado la empresa” porque “si hoy se va a poder pagar ese dinero es porque se puede salvar y porque estaba arruinada y ahora no lo está”.
Finalmente, el portavoz del PSOE, Gonzalo Redondo, ha reafirmado que este es un paso definitivo “en lo que parecía una utopía”. En cuanto al lucro cesante, ha explicado que la empresa puede pedirlo pero es una situación que no se ha dado, al tiempo que ha precisado que el PSOE es el único partido que ha iniciado procedimientos para echar para atrás la privatización. La sentencia del Tribunal Supremo se deriva del recurso de Ana Belén Tejado, pero antes hubo otros de otros concejales, “orgullosos del camino”.