La Fiscalía Provincial de Guadalajara ha emitido un decreto por el que se archivan las investigaciones relacionadas con lo sucedido en el Mercado de Abastos en mayo de 2019 pero abre la posibilidad al Ayuntamiento de la capital, que ahora gobiernan PSOE y Ciudadanos, a acudir con la denuncia al Juzgado de Instrucción.
El Ayuntamiento de Guadalajara ha anunciado que se reserva el derecho de acudir al Juzgado de Instrucción “a fin de que puedan investigarse todos los extremos relacionados con la apertura precipitada del Mercado de Abastos”, sobre todo, añaden desde el Consistorio porque no se han abierto por parte de la Fiscalía “las correspondientes diligencias para investigar o solicitar más información en torno a algunas cuestiones que se dan por hecho”.
En este sentido, un comunicado de Consistorio revela que la Fiscalía “prueba que la instalación del Mercado de Abastos fue ocupada por una empresa en los días previos a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo sin que se hubiesen finalizado los trabajos y sin que se hubiese hecho efectiva la recepción de las obras por parte de los técnicos municipales”.
Además, “quedan acreditadas las reticencias expuestas por parte de la arquitecta municipal responsable de la obra y por parte del entonces responsable del Área de Contratación municipal, que advirtieron a los entonces responsables municipales de la imposibilidad de ocupar una obra en curso”.
La Fiscalía entiende que “no existe delito de prevaricación en las actuaciones descritas en la demanda, dando por hecho que la mencionada ocupación formó parte de una estrategia de dinamización del Casco Histórico”, pero desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento consideran que “existe una serie de hechos probados en este Ayuntamiento que se entienden como no tenidos en cuenta por parte de la Fiscalía Provincial, dado que no aparece mención alguna en su decreto de archivo. Tampoco se ha solicitado información adicional relacionada con la estrategia de dinamización que se menciona en el documento emitido”.
Hay que recordar que el asunto provocó la celebración de una Comisión de Investigación cuyas conclusiones, que se hicieron públicas en enero de 2020, apuntaba dos presuntos delitos de prevaricación por parte del entonces alcalde, Antonio Román y del vicealcalde, Jaime Carnicero. Se decidía entonces elevar el caso a la Fiscalía.
Ahora tras el archivo del caso, el Ayuntamiento de Guadalajara reitera estar “comprometido absolutamente con la transparencia y el buen gobierno” y que su objetivo es “esclarecer todo lo sucedido en torno a este asunto, siguiendo las conclusiones reflejadas en la comisión de investigación municipal en la que declararon responsables técnicos y agentes políticos”.