Ha sido una de las batallas de Podemos dentro del Plan Integral de Garantías Ciudadanas que ahora gestiona dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha. El Ingreso Mínimo Solidaridad (IMS) es una de las patas de ese bloque de medidas mucho más amplias que conforman el proyecto y que a su vez se incluye en la Estrategia regional contra la Pobreza y la Exclusión Social. Es lo único que cobran al mes muchos particulares y familias de la región, debido a situaciones sociales muy variadas, pero que en casi todos los casos rozan la pobreza. Previamente a su modificación en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2018, pendiente de aprobación en las Cortes regionales, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ya había incrementado el importe del mismo, de 373 a 420 euros mensuales. Durante el año que viene alcanzará los 500 euros mensuales de media y será más flexible en cuanto a los requisitos.
Los cambios se han introducido en la disposición final tercera del proyecto de ley presupuestaria, mediante la cual se modifica a su vez el Decreto de 2002 que regula el IMS, las ayudas de emergencia social y las prestaciones económicas a favor de colectivos desfavorecidos. A falta del trámite de enmiendas, en primer lugar, se elimina la interrupción por tres meses del cobro del mismo que estaba establecido y se amplía más allá de los dos años el plazo máximo durante el que se puede acceder.
Pero, ¿cuáles son los requisitos? En el artículo 18 de esa disposición adicional se ha añadido un nuevo punto donde se establece que “excepcionalmente” se realizarán renovaciones de este ingreso cuando se aprecie la imposibilidad de cumplir los objetivos de integración “por causas no imputables a la persona interesada”, siempre que se acredite en el informe social. Para ello, el solicitante debe encontrarse en una serie de situaciones, como haberse incorporado a un programa de formación no retribuido.
También se eliminará la interrupción de los tres meses cuando el titular de la unidad familiar tenga a su cargo menores de 16 años, no tenga derecho a una prestación por desempleo y continúe parado. Otros supuestos son también que la persona titular sea mayor de 55 años, haya agotado la percepción del IMS y continúe sin poder acceder a un subsidio por desempleo; o que haya sido víctima de violencia de género y continúe aún en un itinerario de inclusión social, con “dificultades para acceder al mercado laboral”.
Otras situaciones “acreditadas” por los servicios sociales
Al final, también se establece que el cobro de esta ayuda podrá darse en otras situaciones que sean acreditadas por el trabajador social de Atención Primaria en el informe social, en el que se deberá indicar qué ha motivado la imposibilidad de alcanzar los objetivos marcados en el itinerario de inclusión social.
La consejera encargada de la gestión del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz (Podemos), se ha mostrado convencida de que gracias a la modificación del IMS y solamente con la suspensión del periodo de interrupción de tres meses -que “prácticamente desaparece en todos los casos”- se conseguirá acoger al cien por cien de los perceptores, y también ha destacado como un logro importante que pueda cobrarse más allá de los 24 meses. Ha celebrado igualmente el aumento de la cuantía hasta una media de 500 euros mensuales así como el hecho de que solo para esta cuestión se haya incrementado en 5 millones de euros la partida de las cuentas públicas.
Precisamente, durante su comparecencia parlamentaria para presentar este capítulo de los Presupuestos, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se refirió a las partidas específicas en Acción Social, para las que se han destinado 120,6 millones. Detalló que esto contribuirá al desarrollo del Plan de Garantías Ciudadanas y del IMS como “base de la futura renta garantizada”. Será el año que viene cuando se apruebe el nuevo decreto de desarrollo del IMS, que tendrá por finalidad reflejar esos nuevos supuestos para su percepción.