Desde que se conocieron las líneas maestras del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido que hacer toda una recomposición de lugar respecto a las previsiones que había establecido en su política de ayudas y subvenciones y en el borrador del propio Plan de Vivienda castellano-manchego. Las comunidades autónomas no solo han conocido el proyecto definitivo a través del BOE, sino que muchas de ellas tampoco están de acuerdo con los criterios de reparto de fondos que se han aprobado en la Conferencia Sectorial y que datan de 1992. Es el motivo por el que Castilla-La Mancha se ha abstenido en la votación del Plan estatal, junto con Andalucía, Aragón, Extremadura, Comunitat Valenciana y Baleares. En el caso castellano-manchego, además, denuncian que al “desfase” de los criterios se unen circunstancias especiales de la región como el efecto de la cercanía de Madrid y su dispersión geográfica.
Hasta ahora, todas las comunidades autónomas entendían que había sido un proceso más o menos participado, con alegaciones en tiempo y forma. Los problemas se han producido al final del proceso: falta de coordinación y hechos consumados en un Plan “que ya no podemos alegar y que ni siquiera conocíamos”. Así lo detalla el director general de Vivienda de Castilla-La Mancha, José Antonio Carrillo, quien explica que el reparto de fondos “se dio a conocer 'in voce' durante la Conferencia Sectorial, ni siquiera por escrito”. A esta región le corresponden 57,7 millones de euros. Son casi 25 millones más que en el plan anterior (por el que recibió 32 millones de euros) y en base al 4% que le corresponde a Castilla-La Mancha. Pero afirma que la cantidad en sí es lo de menos porque el reparto se ha hecho “sin que sepamos ni de dónde sale esa cifra ni con qué argumentos”.
“Las circunstancias han variado desde 1992 y por lo tanto los criterios deberían ser actualizados y conocidos, y así lo hemos pedido por escrito”, subraya. Carrillo deja claro que no podían votar en contra porque el Plan Estatal hay que aplicarlo “nos guste más o menos”. Son fondos “necesarios” para la región que el Gobierno regional gestionará “lo mejor” que pueda.
No obstante, y tal como adelantó la consejera de Fomento, Agustina García, esta comunidad seguirá pidiendo el aumento del 4% al 5% de la dotación para la región. Es una petición basada en varios motivos, el primero de ellos su dispersión geográfica: “Tenemos que llegar también a los pueblos más pequeños, lo que supone asimismo un mayor coste de gestión”. Pero además, otra cuestión “excepcional” y que no se ha tenido en cuenta en el reparto es el ‘efecto Madrid’, es decir, el hecho de que haya zonas “que se están desbordando” desde la Comunidad de Madrid hacia el Corredor del Henares, en Guadalajara, y hacia la comarca de La Sagra (Toledo), con fuerte demanda de vivienda. “Esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta y hay comunidades periféricas que no las tienen. Son criterios que deben ser primero conocidos y luego participados. Y es que el Ministerio ni siquiera nos ha dicho por qué no se ha atendido esta petición”.
Otra cuestión fundamental ha sido el retraso en la aprobación del Plan Estatal y la prórroga del anterior. Las consecuencias han sido múltiples en Castilla-La Mancha, sobre todo generando un desfase entre lo presupuestado y lo ejecutado en ayudas. “El año pasado ha sido el ejemplo más palmario de que por mucho que presupuestes un dinero, si abres la ejecución del presupuesto cuando firmas el convenio, que fue a finales de julio y lo cierras en octubre, es muy difícil que, aunque nos dieran 200 millones de euros, fuésemos capaces de ejecutarlo. Y no es cuestión de echar la culpa a quien gestiona si no le dejan gestionar”.
Esa es por tanto otra de las reclamaciones de la Junta. Que el convenio autonómico para la aplicación del Plan Estatal se firme cuanto antes. En caso contrario, “estaremos en las mismas”. “Hay que sacar las convocatorias, poner medios, atender las solicitudes, toda una tramitación que ya debería estar en marcha”.
Y aparte, el retraso en su aprobación ha hecho que el Gobierno castellano-manchego haya trabajado “anticipando” bases de convocatorias que ahora hay que modificar. “Que ahora cambien ciertos condicionantes supone volver a rehacerlo todo”. Así ha sucedido con el borrador del Plan Estratégico de Subvenciones de Fomento. Es un documento global de la Administración autonómica en la cual los distintos órganos gestores tienen que ir previendo aquellas convocatorias de ayudas que van a sacar para arrendamiento, rehabilitación o regeneración urbana, entre otras, pero que se realiza con datos estimativos. El Ejecutivo regional ha pisado el acelerador publicando estas previsiones con antelación y que las previsiones estuvieran hechas, pero “habrá que adecuarlas” cuando se firme el convenio con el Ministerio que dará vigencia al nuevo Plan Estatal.
Lo que sí ha aceptado el Ministerio
Pese a todo ello y al margen de estas cuestiones, el director general de Vivienda ha celebrado que el Gobierno central haya decidido darle carácter nacional a la iniciativa de Castilla-La Mancha, aprobada en el verano de 2016, mediante la cual se amplió hasta el 75% la cobertura de ayudas a rehabilitación en viviendas para personas mayores de 65 años o con algún tipo de discapacidad. Según José Antonio Carrillo, el Ministerio “ha entendido que esa medida no podía quedarse solo en una región” y lo plasmará en el Real Decreto que regulará las normas de convocatorias de estas ayudas.
Otra petición que el Gobierno central ha aceptado del Ejecutivo castellano-manchego es que no haya un número de viviendas mínimo en las ayudas de regeneración urbana (las conocidas como ARRU) para barrios completos o pequeñas poblaciones en su conjunto.
Finalmente, la Junta ha trasladado al Ministerio de Fomento la propuesta de algunas asociaciones de consumidores para que el cálculo de los tipos de interés en préstamos para la adquisición de vivienda protegida se puedan adecuar al mercado. “Ahora mismo hay unos tipos que se manejan al margen del Euríbor y no se benefician por tanto de las condiciones de este índice de referencia”. Esto ha provocado, concluye, que las hipotecas en el mercado libre estén bajas mientras que las de VPO “no tienen esa flexibilidad”.