Los brigadistas forestales han hecho un llamado directo a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para que intervenga y “ayude a desbloquear” el conflicto entre los trabajadores y la empresa pública Tragsa. Así lo han señalado los representantes del colectivo dentro del sindicato Comisiones Obreras, Carlos Martín y Alfredo Muñoz. El documental 'La vida en llamas' se presentó en Guadalajara, donde los trabajadores aseguraron que la empresa ha dado por “finiquitadas” las conversaciones, después de ocho semanas de huelga indefinida.
Martín ha asegurado que la empresa se ha posicionado en el “bloqueo y la ruptura”. En este sentido, el sindicalista ha señalado que Tragsa asegura que no tiene “nada más que ofrecer”, con la excepción de detalles en sus reivindicaciones, pero nada en referencia a retribuciones, categoría profesional o condiciones profesionales. Ante esta actitud, los trabajadores aseguran que “no hay posibilidad de acuerdo”. Es por esta falta de dialogo que piden la intervención de la ministra de Agricultura.
Los brigadistas aseguran que es esta cartera la que tiene la responsabilidad “total” del servicio público que las Brigadas reclaman, ya que han adjudicado el servicio a Tragsa “por adjudicación directa”, según ha afirmado el sindicato Comisiones Obreras. En este sentido, los trabajadores afirman que Tejerina “no puede lavarse las mano”, ya que ellos dependen del Ministerio de forma directa y el tema es “lo bastante serio” para que ya intervengan.
Por otro lado, los sindicalistas han acusado a la empresa pública Tragsa de “intoxicar la opinión pública” y de “mentir” en sus comunicados de prensa, al acusarlos de ganar más de lo que realmente ganan. Además, Martín insistió en que “hablamos de dinero público, de dinero que el ministerio da a Tragsa. El ministerio debe saber lo que se hace con ese dinero y hacerse responsable”. Por otra parte, Muñoz ha lamentado que el colectivo no ha visto reconocida su labor desde su creación en 1992.
Las Brigadas Forestales reclaman condiciones “dignas y acordes” al trabajo que realizan, ya que cobran el salario “más bajo de Tragsa” y, en algunas ocasiones, no llegan siquiera a los 900 euros, incluso en la campaña de extinción. Los sindicalistas han señalado también que el convenio colectivo se les aplica bajo un anexo “claramente discriminatorio”, al dejarlos fuera de artículos que se refieren a la compensación de días, pluses por peligrosidad e incluso el artículo sobre condiciones más beneficiosas previas a la firma del citado anexo para el personal BRIF.
Por otra parte, piden que se elabore una “segunda actividad real” para que los trabajadores que no pueden pasar las pruebas físicas puedan ser reubicados en otras tareas, no expulsados de empresas. Esta, aseguran, es la única reivindicación a la que la empresa publica ha prestado alguna atención. Por otra parte, el colectivo pide ser llamados Bomberos Forestales, lo que les servirá para el acceso a la jubilación anticipada.