Organizaciones sociales como la EAPN, los colegios de Trabajo y Educación Social, sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, se reunieron esta semana en la última convocatoria de la Mesa Regional de Garantías Ciudadanas. Se trata de una iniciativa de la consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadana, Inmaculada Herranz, y ha servido como un espacio de trabajo para, entre otras cosas, la creación del proyecto de Ley de Ingresos y Garantías Ciudadanas impulsadas por Podemos.
Dicha Ley, a pesar de haberse aprobado en Consejo de Gobierno, no llegará, previsiblemente, a las Cortes regionales. Esto es algo que los que han trabajado en la Mesa lamentan en conjunto, especialmente debido a que afecta a las personas más vulnerables de la región. Así lo señala Felipe Cano, del Colegio regional de Trabajo Social. “Consideramos que es una Ley necesaria desde el punto de vista que favorecía las necesidades de quienes lo están pasando mal en la región”, explica el vocal del Colegio. Desde su punto de vista profesional, explica, ven que sigue habiendo muchas situaciones “complicadas” y por eso querían colaborar con la administración.
“Fraude” con las organizaciones y los colectivos más vulnerables
Sin entrar en las “discrepancias políticas que han podido darse”, considera que “hubiese sido importante que la Ley se hubiese aprobado, porque es objeto de nuestra atención como trabajadores”. Sin embargo, valoran su participación en la Mesa, en concreto a lo que se refiere al diagnóstico que se ha hecho de la región y de las zonas más vulnerables. “Hemos intentado trasladar las opiniones y la visión profesional de los trabajadores sociales” y por eso lamenta que “sería una pena que el trabajo se quedase metido en un cajón”.
La misma opinión muestran desde el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales, aunque con más contundencia. “Es un fraude”, explica su presidente Francisco Peces, que no se vaya a aprobar una ley en la que el colegio ha participado “activamente” porque es “necesaria para proteger a los colectivos más vulnerables” de la región.
En cuanto a las propuestas que han hecho, señalan que han pedido la protección de los menores y, en concreto, de aquellos no acompañados. El “fraude”, explica Peces, sería para con los representantes de la sociedad civil que han participado en el proyecto y “sobre todo para los destinatarios de la ley”. “Se introducen medidas que no existían y es importante que se dote de presupuesto. No nos conformamos con las ayudas que ya existen. Si no sale adelante, sería una falta de respeto para los que hemos trabajado en ella”, concluye.
Planes de Empleo
Desde los sindicatos coinciden en llamar la atención hacia la necesidad de la región de continuar con los Planes de Empleo, que se contemplan también dentro de la Ley. Desde Comisiones Obreras, María Ángeles Castellanos, secretaria regional de Empleo, explica que aunque “parte del trabajo” no vaya a salir adelante, esto no significa que lo realizado en la Mesa sea algo “inútil o infructuoso”. “Hemos avanzado mucho. Hemos dado una vuelta importante a lo que había que hacer. Recogimos elementos importantes, como los Planes de Empleo”. Castellanos valora el diálogo social que se ha creado en la Mesa, así como las fórmulas que se han creado para avanzar.
“Nos parece una buena fórmula”, afirma la sindicalista, porque “todo lo que sea dialogar y participar y acordar este diálogo es importante”. Castellanos también destaca la encuesta de diagnóstico de la UCLM, tanto por lo que significa la iniciativa en sí, así como por los resultados obtenidos. “Nos da una visión de pueblos, comarcas y ciudadanos que no teníamos. Es la realidad socioeconómica de Castilla-La Mancha, para poder ver dónde está la pobreza y poder así dirigir las políticas que están en marcha para que sean efectivas”, afirma.
Carlos Pedrosa, secretario general de UGT, asegura que lamenta que la Ley no sale adelante pero que es por una cuestión de “calendarios que nadie nos ha explicado”. “Nos preocupa bastante el asunto, porque el Plan de Garantías supone una coordinación de políticas entre las distintas consejerías. Pero lo que más nos preocupa es el tema de los Planes de Empleo”, señala el sindicalista. “Tenemos una fuerte preocupación por la situación de estos planes, debido a las numerosas reclamaciones que han recibido los Ayuntamientos”, explica. Por eso, señala que esto es lo “realmente urgente” para solventarse. “Sin un Plan de Empleo, tendríamos la puerta de la garantía de rentas tapiada”, afirma.
“Ilusión frustrada”
Como una “ilusión frustrada”, califica la falta de aprobación de la Ley de Garantías Ciudadanas el presidente estatal de EAPN, Carlos Susías, que asegura que habla desde la “óptica de las personas más necesitadas”. “Es una ley para toda la ciudadanía, aunque beneficia esencialmente a los más vulnerables”, explica. Además, lamenta que no se sepa “muy bien” cuál es realmente el motivo por el que no salga adelante. “Es frustrante que no se ponga por delante el interés de las personas, además de ser una ley innovadora y que moderniza el sistema”, asegura.
Y es que, describe, lo que planteaba el proyecto de Ley es algo que ya piden desde Europa, una coordinación de los servicios sociales con los servicios de empleo y el uso de instrumentos como la ventanilla única planteada para simplificar el proceso. Además, recuerda que el documento está basado en los análisis de cómo están distribuidas las necesidades y las prestaciones que ya existen en Castilla-La Mancha. “Era un paso importante que iba en la mejora de todos los ciudadanos. Impulsaba el desarrollo y el crecimiento, además de ser solidaria y ponía todos los recursos para optimizarlos”, concluye.