Con la crisis económica y el endeudamiento disparado en muchos municipios, algunos grupos empresariales han visto la oportunidad de obtener beneficios ofreciendo a los ayuntamientos contratos millonarios y ‘blindados’ para la gestión del agua, que es competencia municipal. Se ha hecho en muchos casos mediante empresas mixtas público-privadas, con contratos que se alargan más allá de las legislaturas y donde la letra pequeña otorga poderes de gestión a la empresa. Es un sistema legal pero que ha provocado nuevos modelos privatizadores contra el que se han levantado varios movimientos sociales. En Castilla-La Mancha, el ejemplo más claro es Alcázar de San Juan (Ciudad Real), pero también en Madrid, Zaragoza y Barcelona ha comenzado a revertirse esa tendencia.
Así lo explica el experto y doctor en Ciencias Físicas Pedro Arrojo con motivo de su intervención en las jornadas sobre la gestión pública del agua organizadas por la Federación de Asociaciones Vecinales de Toledo ‘El Ciudadano’. El también fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua es la cabeza visible de parte de este movimiento social, y explica que el recorrido histórico de la gestión de este recurso procede del siglo XIX y pasa por numerosos procesos hasta llegar a nuestros días con el establecimiento de una visión neoliberal y mercantilista: que sea el mercado quien lo regule pero de acuerdo a sistemas mixtos.
El importado en España es el denominado ‘modelo francés’, también conocido por sus siglas en inglés PPP (Public-Private-Partnership). Se trata de un mecanismo “sofisticado” donde una empresa privada ofrece al Ayuntamiento en cuestión ser socio mayoritario de una empresa mixta de gestión de agua y saneamiento. El problema radica en que casi todos esos contratos incluyen una cláusula donde de mutuo acuerdo se establece que la competencia de gestión corresponde a la empresa. “Ahí está la clave”, explica Arrojo, porque también se añade que la contratación de suministros o de nuevas tecnologías corresponde a la parte privada.
“El precio se triplica y lo acaban pagando los ciudadanos”
“No se hacen concursos públicos, la empresa compra directamente a otra firma del mismo grupo, y no hay competencia pública. Es legal, pero el precio se triplica y lo acaban pagando los ciudadanos”, subraya. Además, al tratarse de contratos firmados por 20, 30 o 40 años se provoca la “irreversibilidad” de la decisión política de un alcalde, que luego heredan sus sucesores y no pueden revocarlo. “Es una cuestión profundamente antidemocrática que va más allá de la ideología”.
Estas premisas resumen para este experto lo que hoy supone un “nuevo modelo de privatización del agua”. El mismo que están combatiendo los movimientos sociales en España y en todo el mundo. Según destaca, estas plataformas locales y europeas no defienden simplemente la gestión pública tradicional, que puede ser “corrupta, opaca y tecnocrática”, sino una alternativa al mercado y la privatización, mediante la transparencia y la participación de los ciudadanos.
Ciudades europeas como Berlín y París, o españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Alcázar de San Juan son la prueba de lo conseguido por estos movimientos locales y sociales. Todos apuestan por modelos de gestión del agua donde las federaciones vecinales, los sindicatos y las federaciones empresariales puedan estar representadas en las empresas públicas que lo gestionen. El mecanismo consiste en que toda la información se publique en la web y pueda ser consultada e impugnada por los ciudadanos como “servicio público de interés general que se gestiona no bajo la lógica del mercado sino del interés común”.
Pedro Arrojo considera que ese es el “gran principio” que debe regir todos los recursos que son de acceso universal, muy distante del criterio “de acceso a clientes”. “Claro que hay que pagar los costes que supone agua y saneamiento, y para eso existen los sistemas de tasas, pero la línea roja se sitúa en que no puede haber lucro ni negocio para el interés mercantil de un grupo privado”, añade.
El impulso a esta nueva concepción ha dejado huella en el marco de la Unión Europea. Es una tendencia respaldada por todos los grupos parlamentarios de izquierdas dentro de la iniciativa ciudadana Agua 2015 (#Iniciativagua2015) con dos millones de firmas remitidas a Bruselas para que el Parlamento europeo vuelva a abrir este debate. “Con ello estamos consiguiendo revertir ese modelo privatizador”, concluye Arrojo, quien además apuesta por que estas medidas vayan acompañadas, a nivel estatal, con leyes que reconozcan el servicio público del agua como “acceso universal”, dejando fuera de ese espacio “la lógica del mercado”.