La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha “recortado” en un 40 % el perímetro inicial que iba a declararse como 'Paisaje protegido del Valle del Río Ungría' para “favorecer a las compañías eléctricas interesadas en implantar megaplantas fotovoltaicas” en pleno corazón de este espacio a las que, según denuncian Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa del Río Ungría (ADEPRU) “se podría haber proporcionado información privilegiada para la tramitación exprés de estos proyectos”.
Y es que, explican, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha iniciado la tramitación de una planta fotovoltaica en el municipio de Valdegrudas, que forma parte de un megaproyecto en el participan siete empresas y que puede llegar a ocupar más de 800 hectáreas, buena parte de ellas ubicadas dentro del espacio reservado para la protección del paisaje natural del Valle del Río Ungría.
“Esto demuestra la predisposición de la Junta a rendir pleitesía a las compañías eléctricas adaptando el perímetro de un espacio protegido a sus intereses”, aseguran ambos colectivos en un comunicado.
En este aspecto, inciden en que “para consumar este atropello ambiental la Junta, con la colaboración necesaria de las agencias de desarrollo local, ADAC y FADETA, ha incumplido el acuerdo de Gobierno de 2017, donde se establecía un perímetro consensuado con municipios y agentes sociales a partir de un estudio ambiental exhaustivo”.
Un acuerdo, cuya resolución se publicó el 2 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la que se detallaba que “los terrenos sobre los que se acuerda el presente inicio suman una superficie total de 13.251,05 hectáreas”.
Para ADEPRU “la máxima preocupación es que salga adelante la figura de protección del Paisaje Protegido sin que se pervierta la finalidad con la que se soñó” y recuerdan que fue una iniciativa del Ayuntamiento de Caspueñas hace 14 años para seguir protegiendo un patrimonio ambiental y paisajístico “que los vecinos, los ayuntamientos de la zona y la Junta creyeron digno de protección en 2017”.
Sostienen Ecologistas y ADEPRU que se trata de “una escandalosa especulación de suelo rústico” que fue propiciada en septiembre de 2020 cuando la Consejería de Desarrollo Sostenible “recortó, nada más y nada menos, que un 40% la superficie de la zona a proteger inicialmente. Todo ello mediante la exposición a información pública de una documentación ”plagada de deficiencias y sin rigor técnico“ que, aseguran, ”deja sin protección a las zonas con mayor valor ambiental, admitiendo usos y actividades incompatibles con el espacio protegido, además de presentar graves incoherencias que han provocado una gravísima indefensión jurídica a los ciudadanos interesados en presentar alegaciones“.
“Se elimina la protección de las parameras que era, precisamente, lo que se iba a proteger”
En concreto en los documentos de participación pública que se publicaron posteriormente, en septiembre, consta un espacio propuesto de 12.448 hectáreas repartidas en 10 municipios con una zonificación en tres categorías que reduce a 6.974 hectáreas la zona de mayor calidad paisajística y que apunta el documento “merecen de la máxima protección” y se refiere a zonas de altas pendientes, la vega del río, las zonas de vegetación bien conservada o a la cultivos agrícolas adehesados.
El resto se dejan para una llamada “zona de amortiguación” con 5.304 hectáreas de alta fragilidad paisajística pero de la que no se cita como susceptible de “máxima protección” y que aparecen alrededor de las anteriores y una tercera zona de compatibilidad de uso con unas 169 hectáreas.
Estos datos se reflejan en un documento elaborado en la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá “por un equipo que reconoce no haber pisado la zona, no haber realizado trabajo de campo cuya falta de rigor, interesada, se demuestra en las alegaciones presentadas” critica ADEPRU. Un estudio que “elimina la protección a las parameras, sin más, cuando éstas son el elemento consustancial del paisaje alcarreño, que era precisamente lo que se iba a proteger”, además de eliminar también “una de las zonas de mayor valor ambiental, el Monte de Valdegrudas y la Cabecera del Matayeguas: porque sólo si se sacaban esa era la única manera de que las compañías tuvieran acceso a los llanos de Caspueñas”.
Además, dice ADEPRU, se permiten instalaciones industriales para producción o transporte de energía, sin limitación de espacio, se permiten las líneas de alta tensión tanto en el valle de la paramera, se permiten captaciones de agua subterránea “que pueden llegar a agotar los manantiales de agua potable que abastecen al pueblo”, son autorizables nuevas urbanizaciones con más de 7 metros de altura, se permite construir caminos sobre vegetación leñosa natural, es decir, eliminar árboreas (encinas centenarias), instalar plantas de tratamientos de residuos, obras de canalización, dragado, drenaje o vertidos de aguas residuales. “¿Es concebible que se autoricen esos usos en un paisaje protegido?”, se pregunta la plataforma vecinal.
En opinión de estos colectivos, la Consejería de Desarrollo Sostenible “no solo ha ninguneado a alcaldes y agentes sociales implicados en el acuerdo de 2017, sino que, además, se está saltando a la torera el régimen de protección preventiva del territorio en él delimitado, incumpliendo la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza”
En este sentido, abundan que el inicio del procedimiento de evaluación ambiental de la primera de las siete plantas fotovoltaicas proyectadas en el espacio a proteger y su entorno, supone un acto administrativo que “incumple de forma flagrante la ley más importante de la que disponemos los castellanomanchegos para defendernos de los intereses particulares y de los fondos de inversión que, más que luchar contra el cambio climático, especulan para obtener suculentos beneficios”.
Supuesta “información privilegiada filtrada a las promotoras fotovoltaicas”
Sobre las acusaciones de presunta “filtración de información privilegiada” a las promotoras eléctricas lo atribuyen al hecho de que se utilice un estudio paisajístico realizado en febrero de 2020 (por encargo de ADAC y FADETA) en cuyos planos ya aparecía el perímetro del espacio protegido “recortado a gusto de los promotores”.
Este estudio, señalan, “fue redactado cinco meses antes que la Consejería abriera el proceso de información pública”, en septiembre y eso, en su opinión, “quiere decir que, si el estudio de impacto de la empresa se terminó de redactar en agosto de 2020, si el proyecto de la instalación se realizó con anterioridad al mismo y si la captación de los terrenos se hizo meses antes de la redacción del proyecto, es evidente que las empresas conocían de antemano el recorte previsto del área protegida que otorgaba luz verde a sus propósitos especulativos”.
En contraste, añaden, esta información “nunca” se proporcionó a alcaldes, agentes sociales y ciudadanos implicados hasta su publicación 1 de septiembre; incluso, “para mayor infamia”, fue denegada una semana antes a varios vecinos de Caspueñas aludiendo a su confidencialidad por el propio delegado de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, José Luis Tenorio.
Califican los hechos de “gravísimos” e instan al servicio jurídico de la Junta “a investigar a fin de depurar responsabilidades en los organismos participantes en el procedimiento, tanto la Junta como los grupos de Acción Local, ADAC y FADETA”.
En opinión de estos colectivos, “la Junta está en las antípodas de estar trabajando en una planificación territorial que permita instalar este tipo de plantas sin afectar a espacios de especial valor ambiental y paisajístico” y tal y como, recuerdan, están exigiendo expertos medioambientalistas del CSIC, de la Universidad de Castilla la Mancha y de todas las asociaciones conservacionistas, entre ellas Ecologistas en Acción y que, por su parte rechaza la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
En este caso concreto, inciden, “se estaría otorgando trato de favor a las empresas para ganar tiempo en la tramitación, antes de que se produzca cualquier tipo de moratoria de estos proyectos o la aprobación de una planificación a nivel estatal o autonómica (Mapa de Exclusión y Ley del Paisaje de Castilla-La Mancha) que regule su implantación con criterios ambientales”.
Tanto Ecologistas en Acción como ADEPRU dicen mantener “la esperanza en el criterio técnico y la integridad profesional de los funcionarios públicos que, salvo intervención de los tribunales de Justicia, son los únicos que pueden parar esta dinámica tan perniciosa atendiendo a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Caspueñas y rubricadas por los alcaldes de Valdegrudas y Atanzón dentro del período de participación pública del procedimiento de declaración del paisaje protegido”.
“El 95% de la gente de Caspueñas no quiere esas instalaciones, como demuestran las 350 firmas sólo de vecinos y propietarios del pueblo”, apuntan desde ADEPRU.
No es el único caso en la región que suscita la protesta de los vecinos de los municipios objeto de interés de las promotoras fotovoltaicas para megaproyectos de huertos solares. Hace unas semanas, un episodio similar se denunciaba desde Méntrida, en Toledo, donde dos empresas buscan implantarse en al menos 1.200 hectáreas de terreno ocupado, en parte por olivos centenarios y viñedo que pertenece a la Denominación de Origen que lleva el nombre del municipio.
En las últimas horas, también relacionado con la promoción fotovoltaica, CCOO ha denunciado que una empresa que construye una planta fotovoltaica en la localidad toledana de Bargas ha “desaparecido” sin pagar nóminas y finiquitos. Se trata de la empresa leonesa ‘Contratas Leza SL’, según publica Toledodiario.es