La “justicia social” con muertos y desaparecidos que no incluye el acuerdo de paz en Colombia
Ha sido víctima de amenazas de muerte por negarse a abandonar sus tierras en la región colombiana de Buenaventura y por oponerse al reclutamiento forzoso de su hijo de 16 años por parte de las estructuras paramilitares del país. Esto provocó que el joven fuera asesinado hace dos años. También mataron a su bebé de nueve meses y después robaron el cuerpo de su sepultura. Es el horror que la activista Doris Valenzuela, defensora de los derechos humanos y afrodescendiente de esa región, la ha vivido en un país sumergido actualmente en un denominado 'proceso de paz' que no ha devuelto la justicia para estas víctimas.
Actualmente, reside en la isla canaria de La Palma, acogida en el Programa de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, y ha visitado la ciudad de Cuenca para ofrecer una charla en la Biblioteca Pública Fermín Caballero, donde ha dado a conocer su caso en primera persona.
Integrante de la asociación Consolidación de la Paz - Comunidades en los Territorios (CONPAZ), Doris Valenzuela ha participado en el conocido como espacio humanitario Puente Nayero, donde fue parte del grupo de líderes de la comunidad. Ahora, su voz está en España, donde está intentando que la sociedad conozca de primera mano lo que está sucediendo tanto en toda Colombia como en la región de Buenaventura.
“Hay un mal llamado proceso de paz que es solo entre el Gobierno y las FARC, con el pueblo no se ha hecho, porque si no, habría justicia social, se trataría de reparar el daño y buscar a las personas desaparecidas. Nada de eso ha pasado y no va a pasar. Lo que necesitamos es la verdad y en ese proceso es todo mentira”, defiende.
Doris lamenta que con ninguna medida pueda revivir a sus dos hijos asesinados, y al resto de cuerpos robados y desaparecidos de miles de familias, pero incide en que Colombia “ya ha derramado más de medio siglo de sangre, y lo que queremos es que no sean otros 50 años”. “Pero eso con el Gobierno y las FARC va a ser totalmente imposible”, explica, debido a que el acuerdo “bloquea” las investigaciones sobre todos los casos.
Ha sido así en su trágica historia. En el caso de su hijo de nueve meses, su cuerpo sigue desaparecido. Y opina que si existiera un proceso de paz real, “hubieran empezado por ahí, por buscar a nuestros muertos: ”porque la gente solo quiere saber dónde están los restos de su familia para tener un lugar donde ir a llorar“.
Relata además que tampoco se puede llevar a cabo ningún tipo de proceso judicial. Muchos jueces han dejado en libertad a convictos por asesinatos debido al “vencimiento de término” (no hay juicio porque se cumple un plazo determinado) y apunta directamente a los sobornos. “Ha habido dinero para soltar a algunos de ellos”. Ella lo vivió también en primera persona cuando mataron a su hijo adolescente. “Hubo cuatro personas detenidas y a ninguno le han hecho audiencia teniendo todas las pruebas, entre ellas la ‘casa de pique’ (donde se realizan descuartizamientos), que me consta que sigue en pie”.
“No nos hemos inventado la muerte de nuestros hijos y familiares”
Tampoco la justicia internacional ha intervenido en los casos de Buenaventura. Por eso, Doris Valenzuela quiere dar a conocer lo que está pasando allí, ser la voz de todos ellos. “No nos hemos inventado la muerte de nuestros hijos y familiares, queremos justicia social, alguien que pueda investigar y saque toda esa olla podrida hacia fuera porque ni siquiera las noticias son capaces de transmitir lo que pasa allí”, concluye.
Según Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó de que en los cuatro primeros meses de 2017, por lo menos 41 defensores de derechos humanos habían sido asesinados en Colombia. El país atraviesa una etapa definitiva para la consolidación de ese acuerdo de paz pero “todos estos esfuerzos serán inútiles si no se toman medidas inmediatas para garantizar la protección de las poblaciones más vulnerables y en riesgo de graves violaciones a los derechos humanos”.
La organización de derechos humanos acaba de lanzar la campaña mundial Valiente para detener la ola de ataques contra quienes defienden los derechos humanos, que “corren un grave peligro en todo el mundo” enfrentándose a una agresión sin precedentes a escala global “en medio de una retórica de demonización, restricciones a la sociedad civil y un uso generalizado de la vigilancia”. En 2016, perdieron la vida 281, frente a los 156 que murieron en 2015.
