El pasado 5 de noviembre, tres diputados socialistas presentaron ante el Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación a las obras en la Finca “Cabañeros” en el Parque Nacional de Cabañeros, propiedad de la familia Aznar Oriol. Entre ellas se solicitaba saber la fecha en la que se solicitó la autorización para las obras, si se habían realizado las evaluaciones ambientales correspondientes, quién había firmado los permisos y cuales habían sido las obras que se habían realizado hasta ese entonces, entre otras.
Ecologistas en Acción denuncia que la respuesta difundida por el Ministerio de Agricultura omite aspectos esenciales para aclarar el caso e, incluso, van más allá asegurando que se revelan datos que reflejan “la ilegalidad y las irregularidades” en la tramitación de la actuación. En este sentido apuntan a la falta de documentación referente a la autorización emitida en el 2012, según el mismo Ministerio. Sin estos requisitos, aseguran, el Gobierno debería tomar cartas en el asunto para sancionar y demoler lo que hubiese sido “ilegalmente construido”.
Lo que sí muestra la respuesta del Gobierno es que la autorización de remodelación solicitada por la inmobiliaria del Bullaque para trabajar en la Finca “Cabañeros” se refería exclusivamente a arreglos más bien menores. En este sentido, la Inmobiliaria solicitó trabajos en relación a impermeabilizaciones y aislamientos, la mejora de instalaciones eléctricas y de calefacción, así como de la red de saneamientos. Se incluye también un apartado de “trabajos de albañilería auxiliar”. No se menciona en ningún momento la necesidad de demoler, ampliar o, en general, llevar a cabo una construcción que necesitasen grúas y excavadoras en los trabajos.
Junto a esto, el Ministerio achaca a la Junta de Comunidades todas las competencias en materia de seguimiento y autorización, al ser una finca privada dentro de un Parque Nacional y hace referencia en exclusiva a la autorización concedida el 4 de octubre de 2010, que es la que ha difundido el Gobierno. A esto, el Ministerio añade también que las obras relacionadas con el acceso a la finca, autorizadas en el 2014, son también competencia de la Junta de Comunidades al incluir una vía pecuaria.