El Gobierno ha decidido establecer un caudal ecológico en el río Tajo. Una cantidad mínima en su curso para permitir la subsistencia de los ecosistemas fluviales. Será la primera vez que el río más largo de la península ibérica dispondrá de este caudal asegurado ya que, anteriormente, solo se había fijado en 2016 un denominado “caudal legal” que fue anulado por el Tribunal Supremo al contravenir el mandato de la legislación europea.
Esta medida se ha incorporado en el tercer ciclo de planificación hidrológica que ha presentado la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y que supone la definición de los planes de cuenca de los ríos españoles. Con esta decisión sobre el Tajo, el Gobierno da cumplimiento a esa sentencia del Supremo, que consiguió la Plataforma en Defensa del Tajo al llevar a los tribunales el todavía vigente plan hidrológico.
Ahora, el borrador del nuevo plan de la Confederación Hidrográfica prevé una implantación gradual de este caudal ‘ecológico’ a lo largo de seis años: primero un caudal medido a la altura de la ciudad madrileña de Aranjuez de 7 metros cúbicos por segundo cuando se apruebe esta planificación (2022). Después se pasaría a 8 m3/s en 2026 para acabar en 8,6 m3/s el 1 de enero de 2027. La petición de Castilla-La Mancha, por donde discurre buena parte del río, era mayor. Cuando presentó sus alegaciones en la fase anterior de la planificación hidrológica, defendió incrementar el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez hasta los 10,86 metros cúbicos por segundo.
De cualquier forma, la implantación de estos caudales ecológicos en todas las masas de agua es “inaplazable después de varias sentencias judiciales”, explican fuente del Ministerio de Transición Ecológica. La idea es ir aumentando la cantidad de agua en varias fases de manera que se pueda “acompasar” con la ejecución de las infraestructuras “que aumenten el recurso disponible: la desalación, la depuración y la reutilización”, aseguran en el Ministerio.
El Tajo no pasa por un buen momento y el cambio climático ha exacerbado sus problemas. Los recursos de agua en la cuenca han caído un 13% entre 2021 y 2019 respecto a la media entre 1980 y 2012, según los cálculos del CEDEX. “El caudal medio del Tajo ha disminuido un 12% desde 1980 debido al cambio climático”, argumenta en Transición Ecológica.
En el centro del debate sobre el río se encuentra también el estado de su cabecera, desde donde arranca su trasvase hacia Alicante, Murcia y Almería. De hecho, el caudal ecológico es una vieja demanda tanto de las poblaciones aguas arriba del Tajo -desde el sur de la Comunidad de Madrid como los pueblos ribereños de Cuenca y Guadalajara- como de los grupos ambientalistas. Sin embargo, ha supuesto un punto de fricción política al influir en el trasvase Tajo-Segura. Es el motivo por el que fuentes del Ejecutivo castellanomanchego precisan que la implantación de caudales ecológicos se trata de de un “avance importante, pero no suficiente”. No obstante, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha agradecido el compromiso del Gobierno por haber puesto por delante la cuenca cedente, en este caso la del Tajo.
Desde el inicio de la presente legislatura de Pedro Sánchez, sobre la mesa ha estado la promesa de la ministra Ribera de mejorar la situación de los pueblos ribereños de la cabecera (algunos han llegado a abastecerse con camiones-cisterna en verano). Sin embargo, la Comisión de Explotación del Trasvase ha seguido aprobando, hasta este mismo mes de junio, derivaciones de agua siempre que ha sido posible conforme a sus reglas de explotación. El cambio de estas normas será un “punto de inflexión” según los ribereños y las plataformas que defienden el Tajo. El borrador del decreto para rebajar el máximo trasvasable de 38 a 27 hectómetros cúbicos cuando los pantanos de cabecera estén en nivel 2 está en su última fase puesto que ya se ha enviado al Consejo de Estado.
Será un cambio de relevancia, sobre todo porque la situación ha sido prácticamente inamovible durante décadas. Pero ese decreto cuenta también con una amplia oposición. El trasvase es una cuestión compleja con un enfrentamiento territorial como telón de fondo, la denominada “guerra del agua”. En el otro lado se encuentran los intereses hídricos de la Comunitat Valenciana y de la Región de Murcia, las autonomías receptoras del agua trasvasada. La defensa de esta infraestructura ha sido constante por parte de sus presidentes y también de los regantes de ambas zonas. Así lo proclamaron el pasado mes de mayo en una manifestación en Madrid bajo el lema “En el Levante, sin el trasvase, desierto y paro” y frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contra el cambio de reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.
La Plataforma en Defensa del Tajo, la organización que interpuso el recurso que terminó por anular la planificación del Tajo que no estableció caudales ecológicos en 2019 explicaba al conocerse aquella sentencia del Supremo que esa decisión los magistrados iba a obligar a “condicionar la explotación del trasvase Tajo-Segura a las verdaderas necesidades de la cuenca del Tajo”. Al asegurarse más agua en el curso, deben redimensionarse los volúmenes que se pueden embalsar, porque esa agua no fluye por el curso, que son los que terminan por alimentar el acueducto hacia el levante.
Duplicar la capacidad de agua desalada
El Ministerio de Transición Ecológica asegura que planea “duplicar la capacidad de generación de agua desalada de todo el sistema del trasvase” e “Interconectar el sistema” y aplicar energías renovables a las desaladoras para abaratar el precio del agua para los agricultores “porque el mayor componente del precio del agua desalada está en la energía”.
La implantación de caudales ecológicos es una medida que Teresa Ribera viene defendiendo con mayor hincapié desde hace meses. En una reciente visita a Ciudad Real y frente a Emiliano García-Page, aseguró que de reducir los umbrales máximos a la hora de trasvasar agua desde la cabecera del Tajo, es necesario planificar y definir de nuevo los caudales ecológicos y potenciar “inversiones adicionales para conectar infraestructuras que permitan disponer de recursos” en el sureste del país “tanto por reutilización como por desalación”.
El cambio climático también ha sido determinante en todo el proceso. Sus efectos se han convertido en una referencia de primer nivel para la elaboración de los nuevos planes hidrológicos. Así lo hizo constar ya la Confederación Hidrográfica del Tajo en su informe de propuestas para la revisión del plan hidrológico. Este organismo admitía en su informe que además de la problemática que conlleva la “incapacidad de la satisfacción de las demandas” en la cuenca, tiene también su afección sobre los excedentes y, por lo tanto, sobre el trasvase hacia el río Segura. “En un escenario de cambio climático en el que los recursos sean escasos en la cuenca del Tajo, difícilmente se podrá disponer de excedentes trasvasables”.