Un nuevo proyecto de ganadería intensiva de cerdos planea sobre la provincia de Guadalajara. Esta vez afectaría al término municipal de Castellar de la Muela, una pequeña población de 38 habitantes censados y ubicada a diez kilómetros de Molina de Aragón. Según ha podido saber este medio, se trata de una explotación porcina que prevé acoger a 4.000 cabezas de cebo, el doble de animales que se contemplaron anteriormente en al menos otros 13 proyectos que se solicitaron en otras poblaciones de Guadalajara y, que al final se descartaron por la fuerte oposición que generaron en los municipios afectados.
El alcalde de Castellar de la Muela, Pedro Laparra (PP) asegura a eldiarioclm.es que “es un asunto que debatiremos en el Pleno” y que la decisión sobre autorizar o no la explotación contará con “la opinión de los vecinos”. Además, señala que “tendrán muy en cuenta el perjuicio que sobre la población y el medio ambiente” pueda originar esta planta ganadera. El Consistorio de Castellar está gobernado por el PP, que cuenta con dos concejales frente al único edil del Partido Socialista.
Esta macrogranja es una iniciativa de los Hermanos Pérez Cayuela, que actualmente gestionan una gravera y una planta de tratamientos de residuos de construcción en unos terrenos de su propiedad, emplazados a dos kilómetros del mismo municipio molinés. La intención, según confirma el Ayuntamiento de Castellar, es construir la granja cerca de la actual cantera situada en el Paraje de las Gusanillas, a poco más de tres kilómetros del límite de la Sierra de Caldereros, un espacio protegido que integra la Red Natura 2000.
Andrés Pérez, uno de los promotores de esta iniciativa, confirma a este digital que solicitó al Gobierno regional instalar la macrogranja porcina en el término de Castellar a finales de diciembre. Además, subraya que ya tiene el apoyo verbal del Ayuntamiento: “He hablado hace unos días con el alcalde y me ha dicho que está a favor”.
Los promotores registraron hace dos meses el estudio de impacto ambiental en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Pérez puntualiza que apuesta por este nuevo negocio porque “la gravera ya no funciona y nos veríamos obligados a despedir a nuestros quince trabajadores”. Ahora, el siguiente trámite es que el proyecto salga próximamente a información pública para que después se abra el periodo de alegaciones.
Desde Ecologistas en Acción, entidad que ha galvanizado la causa contra la cría intensiva de cerdo en otros municipios de la provincia de Guadalajara, su portavoz Alberto Mayor sostiene a eldiarioclm.es que su organización presentará alegaciones a este proyecto: “Vamos a oponernos a esta nueva macrogranja porcina que se planea instalar en Castellar de la Muela por los graves efectos medio ambientales que originará en el entorno como, el vertido de purines, los malos olores, la emisión de gases, el excesivo consumo de agua y la contaminación de los acuíferos de los alrededores”.
Cuatro granjas rechazadas
La provincia de Guadalajara se ha convertido en uno de los principales focos de atracción para este tipo de criaderos intensivos de cerdos en Castilla-La Mancha. Aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha es responsable de aprobar o rechazar el estudio de impacto medio ambiental que deben superar estos proyectos ganaderos, el Ayuntamiento de la localidad tiene en su mano conceder o no la licencia de actividad a la empresa que promueve la macrogranja. En este sentido, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, manifestó recientemente que “no se pondría ninguna explotación de este tipo si no ”venía avalada“ por el propio municipio.
Sin embargo, según denuncia Ecologistas en Acción, “la Junta está subvencionando la implantación de macrogranjas porcinas en la región aportando hasta 100.000 euros de financiación o concediendo ayudas a jóvenes emprendedores”, que deciden iniciarse en esta ocupación primaria. Para este colectivo, la generalización de estas ganaderías intensivas se justifica por “el acceso que los promotores tienen a estas elevadas subvenciones públicas para implantar las granjas”, así como que esta actividad económica está considerada como “sector estratégico” dentro del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que se desarrolla en esta comunidad autónoma durante el periodo 2014 -2020.
El último proyecto conocido, que se encuentra en fase de información pública, se solicitó en la localidad de Luzón, ubicado también en la comarca de Molina. La futura explotación porcina, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, se situará previsiblemente en el entorno de protección especial de las 'Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo', integrado dentro de la Red Natura 2000. En este caso, Ecologistas en Acción ha advertido de que la iniciativa “incumple” la normativa castellano-manchega de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no se ha presentado ninguna alternativa al emplazamiento inicial. En la misma situación administrativa se encuentra la solicitud de una macro granja en el término de Poveda de la Sierra, localizado en la zona del Alto Tajo.
En 2016 y 2017, otras plantas similares trataron de instalarse en las poblaciones de Riofrío de Llano, Querencia (Sigüenza), Cincovillas y Brihuega, en las comarcas de la Sierra Norte y la Alcarria. Todos estos proyectos de ganadería intensiva fueron rechazados finalmente, bien por la fuerte oposición ciudadana que despertaron, por no superar el estudio de impacto medio ambiental o debido a las ordenanzas que los Consistorios aprobaron específicamente con el objetivo de impedirlas.
En el caso de Riofrío del Llano, la normativa que sacó adelante el Consistorio para regular la gestión de los purines -esencial en este tipo de explotaciones- unido a la denegación de la licencia y al rechazo de todo el pueblo, resultaron determinantes para que el promotor desistiera del proyecto, vendiera los terrenos y acabara por denunciar los hechos a los tribunales.
Uno de los efectos negativos que estas naves porcinas producen sobre el medio ambiente es el vertido incontrolado de purines que se derivan de estas explotaciones. El alto contenido de nitratos de estos residuos contaminan los acuíferos del entorno, extremo que niega la industria porcina. Cerca de 200 municipios de la provincia de Guadalajara están afectados por la nitrificación de sus aguas.