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La oposición en Guadalajara acusa el PP de poner “trabas” a la exhumación de Timoteo Mendieta

La oposición de Guadalajara en bloque, PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos, ha condenado la intención del Ayuntamiento de Guadalajara de querer cobrar una tasa por la exhumación de Timoteo Mendieta. Acompañados de la nieta de Mendieta, Chon Vargas; y Jesús Alonso, familiar de un represaliado exhumado también en el cementerio municipal y socio de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, han asegurado que se trata de algo “sorprendente, insólito y poco humano”.

Así lo ha calificado la concejala de Ahora Guadalajara, Susana Martínez, quien también señaló que se trata de “un gesto más de desprecio de Antonio Román a las víctimas de la dictadura franquista”. “Un gesto más porque no es el primero”, afirmó. Desde Ahora Guadalajara han afirmado que el gobierno municipal del PP ha impedido que haya un monumento a las víctimas del franquismo “sin coste alguno para las arcas del Consistorio” o que el alcalde faltó al Pleno en el que se debatió “sobre dignificar espacios de memoria para estas víctimas”. Además, recuerdan que la ciudad mantiene un callejero con reminiscencias franquistas “a pesar de que el Pleno decidió otra cosa”.

“Son gestos poco democráticos y poco respetuosos con los derechos humanos básicos”, apuntó la edil de Ahora Guadalajara, quien también recordó que en todo el proceso de exhumación de Mendieta, en el que además han aparecido casi medio cenenar de víctimas más, no ha habido representantes del Consistorio alcarreño. “El Ayuntamiento no ha facilitado nada en ningún momento, solo ha puesto trabas”, ha finalizado Martínez.

Román “nunca” ha recibido a la familia Mendieta

Chon Vargas Mendieta ha calificado todo el proceso de la exhumación como “proceso largo y doloroso” para su familia, a pesar de tener como objetivo “enterrar dignamente” a Timoteo Mendieta. Vargas ha recordado que Antonio Román “nunca ha recibido a su familia, y también ha señalado que la Asociación adujo ”razones humanitarias“ para exhumar la fosa del cementerio municipal pero que, igualmente, ”no hubo manera de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento“.

La nieta de Timoteo Mendieta se ha mostrado muy crítica con el papel del Consistorio y ha asegurado que “el Ayuntamiento de Guadalajara ha incumplido y viene incumpliendo la normativa legal, y derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como el derecho de igualdad ante la ley: la igualdad de todas las víctimas”. Además, está incumpliendo también “moralmente”, afirmó Vargas.

Por otro lado, ha querido recordar también el recurso de reposición impuesto tras el pago de tasas después de la primera exhumación practicada para encontrar los restos de Mendieta. Ante esto, ha criticado que se haya reclamado el pago tras la segunda exhumación. “Diría que es un doble delito, o un delito con agravante”, afirmó. Por su parte, Alonso ha señalado que el Ayuntamiento no ha dado “ninguna facilidad” y ha hablado de “un deseo de ocultar a las víctimas” que “solo pedimos dignidad”.

Por parte del PSOE, su edil Víctor Cabeza, también se ha unido a las recriminaciones a la actitud del Equipo de Gobierno en “todo” lo relacionado con la recuperación de la memoria histórica y la “dignificación” de las víctimas de la represión franquista. “En esta cuestión solo hay dos bandos: los demócratas y los fascistas. Cada uno sabrá dónde está, pero la actitud de Román no le encuadra en el bando de los demócratas. Él sabrá dónde se coloca”, afirmó. Por otro lado, aseguró que la tasa que se quiere cobrar es “nula de pleno derecho”, ya que el Consistorio no ha prestado ningún servicio.

En este sentido, señala que los trabajos de exhumación han sido sufragados por la ARMH y fueron ordenados por un auto judicial. “Por tanto, lo único que ha hecho el Ayuntamiento ha sido poner trabas”, recalcó. El socialista señaló que la oposición pueden exigir que se retiren las tasas pero que es el Ayuntamiento el que “hace y deshace”. Finalmente, desde Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha afirmado que no se pueden tolerar víctimas de “primera ni de segunda categoría” y que deben “dignificarse todas por igual”. “Es difícil comprender la actitud del equipo de Gobierno, a quien hemos pedido los informes jurídicos en los que dice fundamentarse”, concluyó.