La situación del cobro indebido del copago farmacéutico a 50.000 pensionistas de la región, denunciado la semana pasada, ha sido trasladada al Congreso de Diputados por el Grupo Socialista a través de su portavoz de Sanidad adjunta Guadalupe Martín, quien también es diputada por Toledo. Martín ha presentado una proposición pidiendo que se acabe con el problema no sólo en Castilla-La Mancha, sino en las otras Comunidades en las que también se ha detectado este abuso en las medicinas de los pensionistas, como en Extremadura, Baleares y Cantabria. Se trata, por tanto, de un problema de gran magnitud, que está afectando a miles de jubilados. Martín ha señalado que esto “supone un grave daño económico a pensionistas de diferentes modalidades, quienes se ven obligados a abonar cantidades superiores al retirar sus productos sanitarios de las farmacias”.
La diputada socialista ha señalado que se han detectado diferentes errores en la adjudicación de los códigos de aportación farmacéutica, ya que se ha asignado de manera injusta el código TSI 003, que apunta a una persona que trabaja, a los que antes se les asignaba el TSI 002, perceptores de pensión contributiva. Este cambio implica que la aportación de estos pensionistas pasó de un 10%, u 8,26€ máximo al mes, al 40%. Ante este dilema, la diputada ha pedido al Gobierno que desempeñe una vigilancia y coordinación competente para evitar que se siga repitiendo, y para que los afectados reciban la devolución inmediata de las cantidades excesivas abonadas. Martín ha señalado que, desde el Partido Socialista, se sigue pidiendo la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 e medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, debido al “grave perjuicio que está produciendo a los ciudadanos españoles y, en particular, a los pensionistas, pacientes crónicos y con enfermedades raras”.
Preguntas al Ejecutivo
El Grupo Socialista también ha presentado una batería de preguntas al Ejecutivo nacional para obtener el número exacto de personas afectadas desde diciembre del año pasado en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha. En este documento, la iniciativa política ha aclarado que han sido los propios afectados quienes advirtieron del error y que no descartan que haya ‘intencionalidad’ por parte de Hacienda, la Seguridad Social o, incluso, el propio Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, organismos encargados de determinar el copago de cada pensionista.
“¿Conoce el Gobierno que se están produciendo errores en el volcado de datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social a la CCAA para la adjudicación de los porcentajes de copago en los productos sanitarios a pensionistas y sus beneficiarios?”, “¿Cuántas personas están afectadas por estos errores en Castilla-La Mancha segregado por provincias?”, y “¿Cómo piensa el Gobierno resarcir los daños ocasionados y revertir las cantidades abonadas indebidamente?” son algunas de las preguntas que el partido hizo llegar al Ejecutivo.