El Ministerio de Industria, Energía Turismo ha declarado “extinguido, por caducidad al vencimiento de sus plazos”, el permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Aries-1». Un permiso que fue otorgado, junto con el permiso «Aries-2» a la sociedad Invexta Recursos, S.L., una filial de la empresa ACS (la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez) como único titular y operador por un período de seis años.
La decisión se toma al haber transcurrido el plazo de seis años sin que la titular del permiso haya presentado la documentación requerida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Así consta este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
El Ministerio considera que se han incumplido los compromisos y el programa de investigación y, en particular, se ha verificado que “la titular no ha invertido las cantidades mínimas comprometidas con el otorgamiento del permiso Aries-1” o al menos no ha aportado la documentación que lo justifique. Además, la cuantía de las obligaciones mínimas no invertidas excede el importe de la garantía depositada por el operador en el momento de solicitarse el permiso en 1.960.235,79 euros.
El titular deberá ahora poner a disposición de la Dirección General de Política Energética y Minas toda la documentación técnica generada por los trabajos de investigación, a los efectos de actualizar o completar la información disponible en el Archivo Técnico de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La empresa, no obstante, puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.
Castilla-La Mancha, región 'anti-fracking'
Varias plataformas ciudadanas llegaron a recoger 6.000 firmas en el año 2015 contra la fractura hidráulica en la provincia de Albacete. Hace dos semanas, el Consejo de Gobierno daba el visto bueno al proyecto de Ley de Medidas Adicionales de Protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. Una norma que utilizará el Gobierno castellano-manchego para poner el mayor número de trabas posibles a aquellas empresas que quieran usar la técnica del 'fracking' en territorio regional.