El Consejo de Gobierno ha aprobado el pago de 6,5 millones de euros a los Ayuntamientos que se acogieron a la convocatoria “intermedia” entre 2016 y 2017 del Plan de Empleo Extraordinario. Se trata de una suerte de “plan enlace” que, según ha asegurado el portavoz de Gobierno Nacho Hernando, ha logrado dar una oportunidad que “no hubiesen podido tener” a 1.444 personas. Este es el número de beneficiados de más de 500 proyectos en 483 Ayuntamientos.
Los contratos que se formalicen de esta convocatoria tendrán también una duración de seis meses, a jornada completa y se sumarán a los 12.000 que se firmaron en la primera edición, que estuvo destinada tanto a Consistorios como Diputaciones. Sin embargo, esta nueva convocatoria incluye diversas novedades que también se incluirán en la próxima de 2017. Por primera vez, estará financiado con fondos propios del Gobierno regional, sin las complementarias de Ayuntamientos y Diputaciones.
En la edición 'intermedia' se facilitará también la incorporación de autónomos y se ha reducido una de las condiciones para acceder a él. Esta vez se pedirá sólo 12 meses sin ocupación antes de la convocatoria, siempre que se haya agotado la prestación contributiva en el momento en que se registra la oferta. En el caso de las personas con grado de discapacidad, sólo tendrán que acreditar no estar ocupados en el momento de registrarse para la oferta.
En la convocatoria se reservará también un 15% para quienes cuenten con un informe de los servicios sociales que demuestren su situación de emergencia y quienes no fueron contratados en la primera convocatoria podrán acceder a esta, siempre que no haya solicitudes nuevas y que sigan reuniendo los requisitos, según ha asegurado Hernando.
Formación para personas desempleadas y ocupadas
El Consejo de Gobierno también ha aprobado una partida de 6,5 millones de euros para ayudar a la formación de desempleados y ocupados, una ayuda de la que podrán beneficiarse 11.500 alumnos en toda Castilla-La Mancha. “El objetivo es ofrecer formación para la mejora de competitividad, productividad y mejor adaptación a las necesidades del sistema productivo y la mejora de empleabilidad”, afirmó el portavoz regional.
Serán cuatro las líneas de formación: planes de formación intersectorial general, otros específicos para autónomos, para trabajadores y trabajadores de la “economía social” y también se dirigirán a la obtención de certificado profesional. Para estos planes se han tomado en cuenta tres bloques de colectivos prioritarios: en el primero entran las mujeres mayores de 45 años, personas con discapacidad, víctimas de terrorismo y violencia de género.
En el segundo bloque, se priorizará a las personas ocupadas en sectores que hayan sufrido especialmente la crisis o se encuentren en proceso de reconversión, trabajadores de pequeñas y medianas empresas o con baja cualificación. Los desempleados en larga duración, los jóvenes que hayan abandonado de manera temprana el sistema educativo o las personas en riesgo de exclusión social conforman el tercer bloque, junto a los refugiados.