La Plataforma ciudadana 'Sí a la tierra Viva' ha enviado a los ayuntamientos afectados una moción para su debate y aprobación en el pleno, instando a la Junta de Castilla-La Mancha al archivo definitivo de las diez concesiones de minas de tierras raras en la provincia de Ciudad Real. Este colectivo destaca que desde el año 2013 se han otorgado 10 permisos de investigación que afectan a una decena de municipios y a un total de 27.500 hectáreas; y que tales permisos han sido concedidos sin haber sido consultados los ayuntamientos, los sectores productivos básicos relacionados con las actividades agropecuarias o los ciudadanos.
“La Junta de Castilla La Mancha ha concedido un verdadero plan de espaldas a los ciudadanos y sus instituciones representativas”, añaden desde esta plataforma, insistiendo en que la actividad minera de las tierras raras va a poner en riesgo el modelo agropecuario de calidad, marca y prestigio de las producciones de las comarca de la Mancha afectadas por los permisos ya que “asociarían en los mercados nacionales e internacionales nuestros productos con un lugar donde se desarrolla una minería peligrosa y contaminante”.
El consumo de agua previsto en una de las solicitudes de actividad de explotación, la situada en los municipios de Torrenueva y la Torre de Juan Abad, es de más de 300.000 metros cúbicos al año del pantano de la Cabezuela que inicialmente la Confederación hidrográfica ha denegado. El vertido a los acuíferos de las balsas de decantación, una vez se utilice en el lavado de la tierra en busca del mineral, hacen que el proyecto minero sea inasumible por los consumos de agua y los posibles vertidos que puedan contaminar nuestro recurso más preciado, el agua.
El proyecto conllevaría además un “infierno de ruido, polvo y contaminación lumínica” en la planta de tratamiento, en la medida en que, según apuntan, tiene previsto funcionar las 24 horas durante cinco días a la semana. A ello suma además que la fiscalidad de la actividad minera es del 1% para el estado, “nada para los municipios y nada para la comunidad autónoma”, y que las tierra, en virtud de la Ley de minas de 1973 que ampara esa actividad, son “expropiables automáticamente” y sus propietarios “sólo tienen derecho a negociar con la empresa un precio de mercado o el justiprecio de la expropiación”.
Por último, la plataforma informa de que el ayuntamiento de Torre de Juan Abad, uno de los municipios afectados, les ha informado mediante certificado que ha iniciado los trámites para la apertura de un expediente por infracción a las distintas empresas que realizaron el proyecto de investigación en su término municipal “al no contar con las licencias urbanísticas oportunas” y que eran preceptivas según la resoluciones de la Dirección General. “Sobran motivos para el debate, el acuerdo y la solicitud de archivo definitivos de las concesiones mineras por parte de los ayuntamientos como instituciones más cercanas a los ciudadanos, encargados de velar los intereses de los vecinos en cada término municipal”, concluye.