No sólo el río Tajo está en la agenda de las organizaciones agrarias y ecologistas, y en esta legislatura, también en la del Gobierno de Castilla-La Mancha. Los problemas de otras cuencas siguen también sin resolverse y han sido dejadas de lado en la aprobación de los Planes de Cuenca del Gobierno central, según ha denunciado el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, que se ha sumado a las reivindicaciones de diversas organizaciones como UPA o Ecologistas en Acción.
Los agricultores de diferentes provincias reclaman una deuda “histórica”, de 2008, que ha dejado como consecuencia a unas dos mil familias sin pozos regularizados. En marzo de 2015, la Unión de Pequeños Agricultores iniciaron acciones reivindicativas para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que tramitase todos los expedientes de regularización de los pozos, que siguen en 'stand by' todavía en 2015. Se trata de expedientes asociados a terrenos con viñedos, en su mayoría en zonas como las comarcas de Villarrobledo, Manzanares o Socuéllamos.
El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo ha pedido al Ministerio de Agricultura que se prorrogase el Plan Especial del Alto Guadiana, al quedar todavía pendientes la regularización de las explotaciones prioritarias de los agricultores profesionales, además de más de 25 hectómetros cúbicos que todavía quedan pendientes por cederse a la región según el acuerdo suscrito en 2008. Martínez Arroyo ha denunciado que el Plan de Cuenca del Guadiana, aprobado a principios de este año por el Gobierno en Funciones, no toma en cuenta las necesidades de los agricultores de Castilla-La Mancha. Pero no es la única cuenca polémica.
Este es también el caso de la cuenca del Segura. Los regantes de su cabecera han denunciado, de hecho, el Plan de Cuenca por “irregularidades y defectos” en su confección, en especial en lo que se refiere a la caracterización de los acuíferos lo que afecta directamente a todos los de la zona sureste de Albacete. La Plataforma de Regantes y Usuarios del río aseguró que estas “irregularidades” tendrían perjuicios “irreparables” para la provincia. La Fiscalía admitió a trámite la denuncia, y el colectivo señaló que si finalmente se demuestran las presuntas irregularidades, el plan “debería ser declarado nulo de pleno derecho”. UPA ha acusado además a la Confederación Hidrográfica del Segura de tratar “con doble rasero” a las zonas de Albacete y de Murcia, favoreciendo a la segunda.
Martínez Arroyo ha recordado, además, que la provincia de Albacete representa el 25% de la superficie de la cuenca y que, además, el Gobierno central ha puesto un decreto de sequía específico para el río, del que ya se ha comprometido un 85%. Se trata de treinta millones de euros, de los cuales no hay “nada” comprometido para Castilla-La Mancha, tal como ha denunciado el consejero. Es por esto que el Ejecutivo reclama pozos de sequía para que los agricultores de la zona tengan garantizado el acceso al agua. “El Plan de cuenca tampoco prevé soluciones en esta materia”, ha denunciado.
Finalmente, en el caso del Júcar, la situación no dista mucho de las otras cuencas. Ecologistas en Acción denunciaba ya en 2014 que en el Plan estaban “ausentes” la protección de la naturaleza y el sentido común, con “más trasvases, más explotación sin freno y más obras de nula inutilidad social”. Por su parte, el Gobierno regional ha recordado la escasa representación de la Comunidad Autónoma en relación a este río ya que sólo cuenta con un 37% del voto, mientras que consideran que debería ser el 75%. Además, el consejero de Agricultura ha señalado que, según el Plan de Cuenca, los movimientos de agua hacia Valencia no contarán como trasvases.