El 5 de noviembre se celebrará el juicio por el despido de casi una treintena de conserjes del Museo del Ejército de Toledo. Se trata de un conflicto laboral abierto por los trabajadores contra la empresa Proman Servicios Generales que procedió al despedido de todos ellos tras hacerse con la adjudicación del servicio de conserjerías, dependiente del Ministerio de Defensa. Tras casi nueve meses de espera no solo quieren que se restituyan sus puestos de trabajo sino que una sentencia judicial obligue a su inclusión en un convenio colectivo del que carecen, por no aparecer en los pliegos de la contrata.
Carlos Calvo es delegado sindical de CCOO y la cabeza visible de esta lucha laboral. Explica que tras adjudicarse Proman el servicio, despidió a la mitad de la plantilla. Después los despidos se sucedieron “uno a uno” al negarse los trabajadores de manera sucesiva a firmar nuevas condiciones laborales en contratos donde “desaparecían todos los derechos laborales” y donde se incluían festivos, pluses y horas extraordinarias en un sueldo de 600 euros mensuales.
Los conserjes del Museo del Ejército pertenecen al denominado Lote 2 de los Auxiliares de Servicio y Control de Defensa a nivel nacional, pero en los pliegos que se firmaron por la nueva contrata no aparecía ningún convenio colectivo que les amparara y además “desapareció” la subrogación, es decir, la obligación de la empresa de mantener el personal de la adjudicataria anterior. “Al no haber convenio ni subrogación, se ha podido echar a los trabajadores”, explica Calvo. También denuncia que en esas condiciones, pagando el salario mínimo y ofertando a ese precio, Proman nunca va a tener competencia “garantizándose un contrato de por vida”.
Desde el principio, los trabajadores han denunciado la “prepotencia” con la que ha actuado la empresa adjudicataria, “como si tuvieran cubiertas las espaldas”. La explicación la encuentran en el caso de corrupción del pasado mes de abril por el que fueron detenidos dos tenientes coroneles por supuesto cohecho en adjudicación de servicios del Ministerio de Defensa. Entre esas empresas se encuentra Proman. “La misión de estos tenientes era asesorar en la condición de los pliegos de la contrata y no poner pegas a la hora de que les llegaran quejas. Es decir, en la empresa lo tenían todo cubierto y ha podido campar a sus anchas”, argumenta Calvo.
En todos estos meses, dos de esas subrogaciones se han ganado en los tribunales, pero el juicio que se celebra el 5 de noviembre es un proceso que pretende “ir más allá”. A través de su denuncia, los trabajadores no solo piden la nulidad del despido sino que se les incluya en un convenio colectivo. “De esta forma se acabaría con la corrupción en ese campo y cada empresa que vaya a pujar sabe que ahí los derechos laborales están garantizados”.
En una respuesta parlamentaria sobre las contrataciones, el Ministerio de Defensa afirmó que acataría cualquier sentencia judicial o convenio colectivo. Por eso, además de volver a trabajar con un salario mínimo y condiciones laborales garantizadas, “queremos sentar precedente, que sirva como ejemplo para que esto no se vuelva a repetir y demostrar que si se lucha, se puede”. De hecho, este colectivo, que ha recibido el respaldo de Ganemos Toledo y del propio Museo del Ejército, participa en el encuentro de ‘Empresas en Lucha’ organizado con motivo de la Semana de la Pobreza en Toledo.