El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el último trámite antes de que el texto llegue a las Cortes regionales. Antes del 2021, recalcó el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que era parte del compromiso que tenía el Gobierno con dicha normativa. Se envía, explicó, con el objetivo de contar con una nueva ley en vigor en el primer trimestre de 2022. “Casi 20 años después de la creación de la ley vigente, aprobaremos una ley que se adapta a la normativa autonómica”, afirmó.
No sólo a la regional, sino también a la estatal y a los estándares europeos. “Nos sitúa en un planteamiento del agua como elemento para el desarrollo”, recalcó. Por eso, pidió a PP y Ciudadanos que apoyen la ley, para que se pueda aprobar con unanimidad. Y es que la normativa, explicó, permitirá llevar a cabo “muchos conceptos” que son comunes al Pacto regional del Agua. “No se pueden llevar a cabo estos conceptos, sin esta ley”, aseguró. Por eso, insistió en que “sería deseable que todos los partidos se posicionaran de manera clara”.
Entre lo que se pretende alcanzar con la normativa es la mejora y optimización de la gestión del agua, en concreto del servicio que llega a toda la ciudadanía. También, mejorar el medio ambiente, a través de la depuración de las aguas consumidas. “Se trata de una mejora asociada al agua”. “Es una ley de la que podemos estar orgullosos y que aliviará con la contribución del canon a pequeños consumidores y a los más vulnerables de la región, a través de bonificaciones y descuentos”, concluyó.
Finalmente, ha recalcado que la ley se hace porque es algo “obligatorio”, ya que la región se enfrenta a “amenazas de sanción”, por parte de la Comisión Europea por incumplimiento de la directiva marco del agua. “Hacemos lo que debemos y espero que no haya demagogia y populismo por parte de algunos a este respecto”, concluyó.
100 millones de euros en abastecimiento
Por otra parte, el consejero ha desgranado las grandes acciones en inversiones para abastecimiento de agua, que suman cerca de 100 millones de euros por parte de la Junta. Esto, sumado al Plan de Depuración, que contempla unos 600 millones de euros para 629 acciones, que tienen el objetivo de cumplir la normativa ambiental. Por una parte, ha mencionado las inversiones de la tubería manchega y el ramal nororiental que llegará a 15 municipios y que estarán en marcha en la primavera de 2022.
En el caso de Campo de Calatrava, se plantea una inversión de 36 millones de euros en la planificación hidrológica, que permitirá garantizar el abastecimiento en “cantidad y calidad suficiente” para 12 municipios al acabar 2023. En el caso del Alto Tajo, se ha invertido un total de 40 millones de euros en obras de abastecimiento para luchar contra los camiones cisterna en la zona. “Supone uno de los mayores esfuerzos inversores del Gobierno regional en materia de agua”, afirmó.
Finalmente, anunció que se aprobará una orden de convocatoria de ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes para inversiones en infraestructuras para así mejorar las conducciones y la eficiencia en el abastecimiento del recurso a la ciudadanía. Se dedicará 11 millones de euros.