Muchos números compartió el responsable de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Emiliano García-Page. Juan Alfonso Ruiz Molina ha desgranado que el límite de gasto financiero asciende, como ya era conocido a 5.693,8 millones de euros, un incremento de cuarenta millones en relación a 2015 y cuyas partidas dependen de los ingresos desde el Estado, los propios y los ajustes de contabilidad nacional. Ahora bien, las observaciones de Ruiz Molina también han querido resaltar que la Comunidad Autónoma tiene una autonomía financiera “cada vez más reducida” y que existen “contradicciones” en el manejo de las finanzas regionales, las que achaca a la gestión del PP.
Es por esto que el socialista aboga por un sistema de financiación que sea “transparente” para conocer “con certeza” la liquidación definitiva con la participación del Gobierno estatal. Entre estas contradicciones señalan que el crecimiento de Castilla-La Mancha debía ser del 2,9 durante el 2015, para lo cual se subió la recaudación de impuestos en más de un 5%. Sin embargo, según las cuentas que señaló Ruiz Molina el PIB sólo ha crecido en un 1%, en una “falta de sintonía” entre el crecimiento de la economía y las cuentas que achaca al bajo crecimiento de la región durante el ejercicio de 2014.
“Necesitamos un sistema de financiación transparente” aseguró Ruiz Molina, quien aseguró que durante 2016 e harán efectivos “dentro de las posibilidades”, los principios de equidad tributaria y también los principios constitucionales que señalan que se debe contribuir a la carrera publica a través de un “sistema tributario, justo, igualitario y progresivo”. El consejero de Hacienda resumió esta idea muy optimista en que se “debe tratar a los iguales en iguales circunstancias”
En este sentido ha señalado, nuevamente, que se modificará la Ley de Tasas de Castilla-La Mancha no sólo para suprimir un “importante número” de las mismas, sino también para establecer exenciones y bonificaciones en otras. Entre las tasas que se eliminarán se encuentran las que ha calificado “de la vergüenza”, las de la dependencia, “que han gravado a los más vulnerables”, aprobadas durante los cuatro años de Gobierno del Partido Popular. En este sentido, ha añadido que se modificará la ley para “los que debemos más protección” como los desempleados o las familias numerosas.
“No se va a subir el IRPF, no vamos a tocar el impuesto sobre el patrimonio ni las figuras tributarias, no vamos a freír a impuestos a las clases medias, ni confiscar los bienes de nadie, como ha hecho el PP”, aseguró el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas. Ruiz Molina recordó también que para 2016 se ha reducido el déficit autorizado hasta el 0,3%, añadiendo que el deficit del estado es ocho veces superior al de las comunidades autónomas, algo con lo que no están de acuerdo. “Os recuerdo que el gasto de las Comunidades Autónomas es inelástico”.
Es por esto que ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page exigirá que se flexibilicen estos objetivos de estabilidad, a través de negociaciones con Europa. “Queremos que el reparto entre el Estado y las Comunidades Autónomas sea transparente y, al menos negociable”. Por otro lado, Ruiz Molina ha recordado que el crecimiento que se estima llega al 2,9% según las tasas de crecimiento del PIB.
Finalmente, el responsable de Hacienda ha recordado que hay más de 219.000 personas en paro en la región, de los cuales más del 50% no tiene ningún tipo de cobertura, a lo que se suma que el 30% de la población está en riesgo de pobreza, según los informes de la EAPN y el Instituto Nacional de Estadística. “Castilla-la Mancha es más desigual, más pobre y con peores servicios públicos”, afirmó el socialista, quien también aseguró que la política tributaria podrá hacer partícipe a “todos los ciudadanos” de la riqueza que se genere en los próximos años.
El Pleno de las Cortes finalmente aprobó la resolución presentada por el grupo socialista, en la que se instaba al Gobierno de Castilla-La Mancha de priorizar las partidas de gasto social, destinadas a los más vulnerables, además de reclamar al Gobierno de España un ajuste de déficit entre la Administración central y las Comunidades Autónomas. Por su parte, la resolución del PP, acusaba al Ejecutivo de Page de incumplir los plazos para “ocultar a la ciudadanía” el contenido de los presupuestos hasta después de las elecciones generales de 2015.