El escándalo de las cerca de 50.000 personas tiene una respuesta, bastante sencilla, por parte de la Junta de Comunidades. La explicación de la consejera de Empleo de la región, Carmen Casero, ha acusado a José Luis Gil, secretario general regional de Comisiones Obreras de seguir la estrategia del PSOE, y maquillar y tergiversar las cifras del desempleo real en la región. “Las mentiras” de Gil han sido calificadas por Casero como “infames”, mientras ha aclarado las diferencias entre la “cuestión técnica” que diferencia a un demandante de empleo o a estar en paro.
Además, Casero ha hecho referencia de la Junta de Andalucía, del PSOE, que ha establecido en más de 400.000 personas, para añadir que se trata de otra de las mentiras propias de una “estrategia conjunta” entre el sindicato y el partido socialista, algo que, según la consejera, se ha repetido toda la legislatura al ser “mandados y regidos por las estrategias del PSOE”. Este tipo de políticas, asegura Casero, ha llevado a que el sindicato pierda más de 10.000 afiliados. Por otra parte, Casero ha hecho un llamado a “algunas responsables sindicales”, al ser preguntada por el contexto de la carrera electoral.
Aparte de señalar las prácticas de otras comunidades y acusar de mentiras a Comisiones Obreras, Casero ha indicado que no cree que interpongan denuncia contra el sindicato por parte del gobierno regional porque “sería judicializar la vida pública. Planteamos si dar ese paso merece la pena”, pero ha advertido que “si dan un paso más demandaremos sin lugar a dudas”.
Una semana para 'dar la cara'
El hecho de que Casero haya comparecido en un acto ya programado y no haya alterado su agenda así como la falta de explicaciones de Cospedal ha traído también consecuencias. Desde Izquierda Unida se ha dado ese plazo, una semana, exactamente la que está en curso, para que el gobierno de Cospedal dé explicaciones en las Cortes. De no hacerlo, considera su coordinador regional Daniel Martínez, pedirán su dimisión. Martínez ha asegurado que su formación seguirá la denuncia de CCOO muy de cerca por la importancia de la misma y que tiene que darse una explicación concluyente del tema por parte del gobierno.
Supondría según Izquierda Unida el uso de los datos de manera propagandística y fraudulenta y ocultar uno de los grandes problemas de la región. Según Martínez, la denuncia supondría una vulneración terrible del gobierno, así como ha criticado las prácticas legales que se toman para bajar las cifras del paro y ha achacado las cifras de bajada del desempleo más a esos cambios de jurisdicción jurídica y circunstancias estadísticas que a las medidas del gobierno regional, señalando que mucha gente no se inscribe en el registro por desesperanza y falta de expectativas así como porque han dejado la región o el país.
CCOO: “Casero sigue sin explicar dónde están los 50.000 parados”
En respuesta a Carmen Casero, el sindicato ha vuelto a pedir a la Consejera que explique qué ocurre con los datos de desempleo en Castilla-La Mancha. “Tiene que explicar si es verdad la diferencia entre personas registradas en las oficinas de empleo y las listas de parados ofrecidas, que son de casi 50.000 personas, y si la empresa Innovación y Desarrollo S. L. cobra un millón de euros de la Junta no por buscar empleo a los desempleados sino para hacer desaparecer a gente de las listas con encuestas telefónicas”.
Castilla-La Mancha es la única comunidad que tiene externalizados los servicios de búsqueda de empleo y la gestión de las oficinas, y el sindicato ha pedido que Casero no use cortinas de humo y responda a las preguntas. “Siempre hemos defendido los Servicios Públicos de Empleo, sus objetivos, sus funciones y sus trabajadores. Incluidos los 176 orientadores que se dedicaban a buscar empleo