El Gobierno de Castilla-La Mancha informó ayer de que se contrataría a un total de 427 enfermeras para las labores de ‘rastreo’ de casos sospechosos de COVID-19 en el ámbito de la Atención Primaria. No obstante, la portavoz de la Junta, Blanca Fernández, ha aclarado hoy que la gran mayoría de ellas ya estaba contratada dentro de los 4.000 profesionales sanitarios con los que se ampliaron las plantillas desde el inicio de la pandemia en esta comunidad autónoma.
Por tanto, será personal ya contratado quien se sume a estas labores. Al hilo de ello, ha explicado que, en realidad, esa labor de rastreo ya la realizaba el personal sanitario mediante las encuestas epidemiológicas que se han venido realizando a todos los pacientes con síntomas de coronavirus.
“Lo que ahora incluimos son equipos que detecten precozmente casos que puedan presentar síntomas leves y hacer posteriormente un rastreo de sus contactos directos e indirectos”, ha precisado la portavoz del Gobierno castellanomanchego.
Dicho esto, ha explicado que durante el periodo de mayor emergencia de la epidemia, el objetivo prioritario era “salvar vidas”, y ahora lo es también la “actuación inmediata” sobre las personas con síntomas en atención epidemiológica: primero se les realizará una encuesta, luego la prueba PCR para comprobar si tienen el virus y posteriormente el ‘rastreo’ de sus contactos.
Con este sistema, Castilla-La Mancha quiere mejorar su vigilancia epidemiológica, uno de los indicadores indispensables para que las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete puedan pasar a la fase 1.