El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado modificar la orden de ayudas a los menores huérfanos debido a que sus madres fueron víctimas mortales de violencia de género en la región. Hasta ahora, sólo han sido cinco los niños o niñas que se han acogido a estas ayudas, mientras otra se tramita, por lo que se ha decidido “ampliar” los supuestos en los que se pueda dar amparo a los jóvenes. Así lo ha señalado la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández.
De este modo, el Gobierno ha iniciado un proceso de localización de los menores que se encuentren en esta situación, y por ello han identificado distintas realidades “variopintas” que no siempre encuentran cabida en la convocatoria actual. Hay actualmente cinco ayudas concedidas, una “a punta de pagarse”; la consejería ha identificado a dos menores en Guadalajara, tres en Ciudad Real, y que se han trasladado a otra región, otros dos en Cuenca, uno en Toledo y otro en Albacete.
Fernández ha señalado que hay dos situaciones que se repiten, que se trata de huérfanos que viven en la región, pero cuyas madres no tenían fijada su última residencia en la Comunidad Autónoma, algo que sí se exige en la convocatoria actual. Por otro lado, también se ha identificado el caso de menores que viven fuera de Castilla-La Mancha, después de que su madre fuese asesinada aquí.
“Son datos cualitativamente importantes, son vidas de niñas y niños y es lo que tenemos que hacer desde el Gobierno regional, son recursos suficientes en el territorio”, afirmó. Para ello, ha afirmado que se ha iniciado un proceso de diálogo con otras regiones de España para ver si reciben ayudas o no en su territorio de residencia.
Las ayudas ofrecen la opción de becar a los menores para sus estudios universitarios o de grado, si bien Fernández ha explicado que también se valorará becar un estudio aunque no sea universitario. “Creo que hemos detectado todas las situaciones y algunas ayudas se harán con carácter retroactivo para no provocar ninguna situación de desamparo”, afirmó la consejera. Finalmente, destacó que la región es una de las “pocas” que cuenta con becas para las hijas e hijos de víctimas de violencia de género. “Podemos contribuir a que tengan una vida plena después de sufrir un hecho traumático. La administración no va a dejar nadie en la cuneta, vamos a ampararles”, recalca.
Convenio para impulsar planes de igualdad en las entidades locales
Además, Blanca Fernández ha señalado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio por un total de 400.000 euros provenientes del fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para promover planes de igualdad en las entidades locales. Se trata de un acuerdo entre la Consejería de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias. La consejera ha señalado que se está formando a distintos empleados y cargos públicos en materia de igualdad para que puedan desarrollar esos planes.
En el caso de que no hubiese funcionarios formados, se trata de que haya técnicos “preparados” para abordar las políticas municipales desde una perspectiva de género. El convenio, señaló Fernández, se desarrollará durante los próximos dos años, hasta 2021, y de este modo se pretenda que las administraciones sean “un muro de contención frente a esos movimientos reaccionarios que ahora cuestionan cualquier ejercicio en aras de la igualdad entre hombres y mujeres”.